Los investigadores del 3 por ciento en Cataluña continúan recabando documentación a través de la que acreditar los "sobornos" llevados a cabo a cambio de adjudicación de obra pública en ayuntamientos, diputaciones y organismos de la Generalitat bajo el paraguas de los distintos gobiernos de dirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña. La operación Pika ha asestado el tercer golpe mortal a la financiación irregular de la formación política que durante décadas gobernó en dicha autonomía.
En total, este jueves se produjeron 18 detenciones por orden de Anticorrupción. En el punto de mira de estas adjudicaciones irregulares, tres organismos públicos: Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Barcelona Infraestructuras Municipales SA (BIMSA), esta última dependiente del Ayuntamiento de Barcelona.
Entre los detenidos, el extesorero Andreu Viloca; el actual presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, amigo íntimo del ex presidente Artur Mas; Francesc Sánchez, exalto cargo de CDC e importante asesor económico y jurídico de los convergentes, también muy cercano a Mas; el exdirector de infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rossell; el ex gerente del Consistorio de la ciudad Condal, Constantí Serrallonga; el exteniente del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives o, el exconsejero de Copisa Xavier Tauler, también imputado en el caso Pujol. La mayor parte de los arrestados quedaron en libertad cuando finalizaron los registros.
Donaciones de las constructoras
Según informan fuentes de la investigación a Vozpópuli, entre las adjudicaciones de obra pública investigadas se encuentra en Gerona las obras del Mirador de las Aguas, la construcción del carril bici, o las obras de reurbanización de la calle Luca y la calle Mare de Déu del Carmel de de dicha ciudad.
Por su parte, en Barcelona se investiga también el caso de la plaza de las Gloria, el de la avenida del Paralel o el caso del Consorcio de Educación de Barcelona, relacionado con las obras de mantenimiento de los edificios públicos escolares en la ciudad condal. Además, se sospecha que fueron adjudicadas de forma irregular la ampliación del Puerto de Barcelona y la construcción del llamado Dique del Este del espacio portuario de ahí que se haya detenido a Cambra. En el caso concreto de las obras del túnel de la Plaza de las Glorias de la capital barcelonesa, los trabajos se los adjudicó una UTE formada por las empresas Comsa, Ragasa y Copisa, todas ellas ya bajo sospecha del pago de 'mordidas'.
Entre las empresas adjudicatarias de estas diez obras investigadas, las constructoras Copisa, Oproler, grupo Soler, Pasquina, entre otras. Además, se da la circunstancia de que algunas de estas adjudicaciones se realizaron cuando el convergente Xavier Trías estuvo al frente del Ayuntamiento de Barcelona entre los años 2011 y 2015; no en vano entre los detenidos se encontraban el que fuera su número dos Vives y el ex gerente Serrallonga.
Andreu Viloca llevaba "un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas administraciones bajo la esfera de poder de Convergencia"
El titular del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch Mitjavila, dio este jueves a los agentes de la Guardia Civil la orden de incautarse en las 24 entradas y registros practicadas el mayor número posible de teléfonos móviles, tablets, agendas, material informático, cartas, libros de contabilidad, fotografías o cualquier otro soporte documental que sirviera a los investigadores para acreditar los delitos contra la Administración Pública que se investigan en el caso del 3 por ciento.
El juez entiende que, tras estos amaños, pudieron cometerse presuntamente delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos, financiación ilegal de partido y prevaricación.
Viloca controlaba "todo"
En el epicentro de esta trama de corrupción, un nombre propio y viejo para los investigadores: el del ex tesorero Viloca. Anticorrupción sostiene que ha quedado acreditado a lo largo de la instrucción de la operación Pétrum que Andreu Viloca, siendo administrador y tesorero de la entonces CDC y de la Fundació CatDem, llevaba "un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas administraciones bajo la esfera de poder de Convergencia".
Además, el Ministerio Público sitúa al imputado como la persona que controlaba de "forma sistemática los pagos" que serían, de confirmarse, "sobornos" bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas: CatDem y Forum Barcelona.
De la documentación analizada por la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona, se constató cómo las empresas donantes obtenían contratos públicos adjudicados de antemano, a los que posteriormente se les daba apariencia de legalidad. El modus operandi se repetía siempre. Esas adjudicaciones coincidían en el tiempo con reuniones que los empresarios mantenían previa y posteriormente con Viloca.
Pese a que la mayoría de arrestados en la operación Pika han quedado en libertad, está previsto que en las próximas horas pasen a disposición judicial el extesorero Viloca, el exdirector de infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rossell, el exconsejero de Copisa Xavier Tauler, el ex teniente de alcalde de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona, Antoni Vives y; el delegado en Cataluña de la constructora Oproler, Josep María Bassols, entre otros.
