La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha pedido este lunes a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y a la consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar, que "se sienten a negociar con las organizaciones del profesorado como hacen los gobiernos de las demás comunidades autónomas".

Según ha informado CEAPA en un comunicado, la Confederación ha mostrado su solidaridad con la Federación de APAS de la Comunidad de Madrid 'Francisco Giner de los Ríos' y demás defensores de la escuela pública en la Comunidad de Madrid, "ante las amenazas que están recibiendo por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre".

CEAPA ha señalado que en el pleno de la Asamblea de Madrid del pasado jueves, Aguirre "amenazó con llevar a los tribunales por fraude fiscal" a la asociación de vecinos Palomeras Bajas, a la Plataforma en Defensa de la Educación Pública y a la FAPA 'Giner de los Ríos', por la venta de unas camisetas verdes que llevan el lema 'Escuela pública: de tod@s para tod@s'.

CEAPA ha indicado que Aguirre "intenta criminalizar al movimiento en defensa de la escuela pública, ante el callejón sin salida en el que su Gobierno se encuentra, dada su manifiesta incapacidad para sentarse a dialogar con la comunidad educativa y alcanzar acuerdos que pongan fin al conflicto en la educación madrileña".

"La presidenta debería reflexionar y analizar por qué la mayoría de las organizaciones educativas de la Comunidad de Madrid se están movilizando contra una política educativa cuya piedra angular son los recortes presupuestarios en la educación pública", ha destacado la confederación.

CEAPA ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid que "deje a un lado posiciones ideológicas dogmáticas y actúe con humildad en el ejercicio de sus funciones". "Dejando a un lado un despotismo que en nada contribuye a la solución de los problemas de la educación madrileña en un momento crítico como el actual", ha añadido.

Esta confederación cree que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene la responsabilidad primera de solucionar un conflicto que se está prolongando "demasiado tiempo" y que afecta fundamentalmente al alumnado, "que es el mayor perjudicado por esta situación".