La Fiscalía General del Estado no observa elementos que acrediten la existencia de un delito de malversación de fondos públicos, informa Europa Press. El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, ha archivado la denuncia interpuesta por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Manuel Gomez Benítez contra el presidente de este órgano, Carlos Dívar, por los gastos generados en sus viajes de fines de semana a Marbella (Málaga) al no apreciar indicios de ilícito penal. Por otra parte, la Mesa del Congreso de los Diputados, ha dicho 'no' a la comparecencia del presidente del CGPJ sobre este tema.
La denuncia de Gómez Benítez imputa a Dívar el haber pasado a cuenta de la institución 18.654 euros en gastos personales durante una veintena de viajes realizados a Marbella (Málaga) desde noviembre de 2008 hasta marzo de este año, según destapó hace dos semanas 'El País'.
La Fiscalía, sin embargo, no ve elementos que permitan acreditar la existencia de un delito de malversación de caudales públicos cometido por el presidente del Supremo y del órgano de gobierno de los jueces tras examinar la documentación remitida por el Consejo sobre sus desplazamientos desde que tomó posesión del cargo, según han informado fuentes de la Fiscalia.
Fín a las diligencias
El Ministerio Público ha estudiado la información remitida por el denunciante así como la normativa del órgano de gobierno de la judicatura que regula los viajes oficiales y el informe que pidió a la delegada de la Intervención General del Estado para saber si puso objeciones a los desplazamientos de Dívar. Esta institución abrió diligencias informativas el pasado 10 de mayo tras la denuncia del vocal José Manuel Gómez Benítez por la malversación de 5.658 euros gastados en seis viajes, aunque luego la amplió a otros 20, que habrían supuesto al erario público un coste de hasta 12.996 euros.
La acusación ha sido rechazada por la máxima autoridad de la judicatura española, quien aseguró en una nota de prensa emitida el pasado sabado, que no era consciente de haber incurrido en algún delito o falta. El CGPJ ha evitado apoyar expresamente a su presidente y el resto de los consejeros han decidido esperar al resultado de las diligencias informativas decretadas el pasado jueves por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
