La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha recordado este jueves la imperiosa necesidad de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para evitar filtraciones de sumarios como el de la investigación sobre el Instituto Noós, que presidió Iñaki Urdangarin.

En un encuentro con periodistas en el Club Internacional de Prensa, Bravo ha dicho que el tema de las filtraciones, que afecta al secreto de las actuaciones judiciales, le preocupa muchísimo.

"Nos encontramos ante un conflicto de intereses y de derechos fundamentales: el derecho a facilitar y recibir información veraz y el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la presunción de inocencia", ha explicado la portavoz del CGPJ.

Bravo ha indicado que, cuando unas actuaciones han sido declaradas secretas, la filtración del procedimiento a la prensa vulnera el derecho de defensa porque la persona afectada ve cómo su imagen y su honorabilidad está siendo machacada y estigmatizada en los medios de comunicación.

La portavoz del CGPJ ha señalado que esto coloca a los imputados en una situación de grandísima indefensión y es una de las razones por las que el nuevo proceso penal tiene que abordar una nueva regulación del secreto de las actuaciones.

Ha precisado que cuando se vulnera el secreto del sumario se está cometiendo un delito, tipificado en el Código Penal, y cualquier persona puede presentar una denuncia o querella por entender que se ha cometido un delito, que puede dar lugar a una investigación, cuyo éxito no está garantizado.

Imposible controlar las filtraciones

Bravo ha recordado que el hecho de que en la instrucción de un procedimiento participen muchas personas hace imposible la averiguación de la procedencia de la filtración.

"Si la averiguación resulta ineficaz, habrá que pensar qué se hace con la información cuando ésta afecta de una forma tan frontal al derecho a la presunción de inocencia y deja en extrema indefensión a la parte", ha agregado.

Por ello, ha considerado necesario establecer un marco legal en materia de secreto de las actuaciones, que garantice el difícil equilibrio entre el derecho a la información y el derecho al honor.

"No estoy hablando de leyes mordaza ni quiero cercenar el derecho a la información, pero hay unos derechos fundamentales en juego y no nos podemos cargar un procedimiento por ese afán informativo", ha concluido.