La investigación policial contra cargos y empresarios de la órbita de ERC ha eclosionado en el peor momento para los intereses políticos del partido de Oriol Junqueras. En juego están los Presupuestos Generales del Estado, las elecciones catalanas -previstas para el 14 de febrero- y la comisión de investigación en el Parlament sobre la gestión de las residencias durante la pandemia.
El plan de trabajo aprobado por los grupos parlamentarios preveía la comparecencia en dicha comisión de la consejera de Salud, Alba Vergès, y del consejero de Trabajo, Chakir El Homrani, pero JxCat y ERC decidieron vetar la asistencia de ambos dirigentes de ERC para no brindar una oportunidad a la oposición para preguntarles por los presuntos contratos amañados entre la Consejería de Salud y Xavier Vendrell durante la crisis sanitaria.
"Solo quedan tres sesiones de la comisión antes de terminar la legislatura. Cuando salió a la luz la información sobre posibles contratos amañados quisimos priorizar sus comparecencias, pero la CUP no se sumó a la petición de los grupos en la oposición", explica Noemí de la Calle, portavoz de Ciudadanos en la comisión, a Vozpópuli.
Todavía hay margen para que comparezcan antes de agotar la legislatura. Ciudadanos ha solicitado un pleno monográfico que obligue al Govern a "rendir cuentas". Los 36 diputados con los que cuenta la formación naranja son suficientes para obligar a Pere Aragonès, Alba Vergès o Chakir El Homrani a contestar todas las preguntas que formule la oposición en esta materia.
Así lo ha explicado el propio portavoz del grupo parlamentario, Carlos Carrizosa, cuando ha pedido "despejar cualquier duda sobre el uso del dinero de todos los catalanes” y hacer "que los corruptos rindan cuentas". Otras fuentes de la formación aseguran a este medio que "es un debate en el que necesariamente tiene que intervenir el Govern" y que aunque podrían intentar alguna "triquiñuela" para proteger a Pere Aragonès, el resto deberá asistir.
Esta triquiñuela podría consistir en que fuera Meritxell Budó (JxCat), como portavoz del Ejecutivo catalán, quien compareciera en lugar de Aragonès. Sin embargo, vista la pugna electoral entre JxCat y ERC, es poco probable que Budó acceda a ello. De momento, está prevista la comparecencia del presidente en funciones en sesión plenaria para informar sobre la evolución de la pandemia, pero sin responder a la presunta trama de corrupción de la llamada operación Volhov.
Por esta razón, los liberales han pedido otro pleno monográfico que fuerce al Govern a hablar sobre la presunta trama de corrupción y que los esfuerzos del bloque independentista para frenar la comparecencia de Vergés y Homrani de la comisión de investigación caiga en saco roto al verse obligados a hacerlo en este otro formato parlamentario.
"Lo normal sería que asistieran motu proprio, para querer explicarse", añade De la Calle. Pero esta no es la posición que hasta la fecha ha mantenido ERC ni JxCat. Durante el plan de trabajo de la comisión de investigación los socios de Govern buscaban priorizar la asistencia de "académicos" en detrimento de cargos políticos. Y las reuniones mantenidas por la Mesa de la comisión -formada por ERC, CUP y Cs- no alcanzaron ningún acuerdo porque ERC quería mandar a cargos de segunda línea de las consejerías relacionadas con la gestión de la pandemia.
Sin 'consellers' en la Comisión
De momento ningún cargo de la administración catalana ha comparecido para dar explicaciones sobre la gestión de las residencias durante la pandemia en la comisión de investigación creada para este fin. Solo quedan tres sesiones y la oposición empuja para que los principales consejeros implicados comparezcan.
La CUP decidió abstenerse de la petición por parte del resto de partidos de la oposición de agilizar la presencia de Vergès y Homrani. La formación antisistema justificó su posición porque, por un lado, a los consejeros se les debe citar con 15 días de antelación y faltaban 14 para la próxima reunión de la comisión y, por el otro, porque ningún miembro del Gobierno español ha acudido tampoco. Entre los solicitados estaban el ministro de Sanidad, Salvador Illa (a petición de ERC), y el vicepresidente segundo Pablo Iglesias (a petición de ERC y la CUP).
Los comparecientes que han desfilado por la comisión desde su alumbramiento no ostentan cargos políticos. Son de asociaciones y entidades relacionadas con la salud y los recursos asistenciales como Estanis Vayreda, director general de Sumar, Andrés Rueda, de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios, Joan Gràcia, presidente de la Asociación de Centros de Atención a la Dependencia o Assumpció Ros, vicepresidenta de la Federación de Entidades de la Asistencia a la Tercera Edad, entre otros.
