El pasado 29 de octubre las aguas desbordadas con virulencia en el barranco del Poyo arrasaron con todo a su paso y provocaron centenares de muertes. Las obras en esta rambla para mejorar su encauzamiento están previstas desde principios de siglo y su coste es de algo más de 250 millones de euros, lo que supone apenas el 2% del Presupuesto que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto de Demográfico que lidera Teresa Ribera.
Este barranco, además, está catalogado como de Especial Peligrosidad desde el año 2014 pero nunca se ha movido ficha para ejecutar las obras necesarias para minimizar el impacto de una eventual avenida de agua en su cauce que es muy irregular y que en algunos tramos pasa de 30 metros de anchura a sólo 2,5 metros en otros como a la altura de Loriguilla en el cruce con la A-3.
Montes de Chiva
Alimentado fundamentalmente por las aguas que caen en la vertiente sur de los montes de Chiva y con aportaciones de otros seis barrancos que se unen desde el este y el oeste, el barranco de Chiva acabó llevándose por delante puentes e inundando con gran fuerza la zona sur del área metropolitana de Valencia donde mayor número de víctimas mortales se han registrado.
Las obras planificadas desde 2007 se centraban básicamente en la mejora del encauzamiento, laminación y dos conexiones con el nuevo cauce del río Turia que bordea la ciudad de Valencia por el oeste hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo. El coste de 250 millones de euros previstos inicialmente podrían subir ahora hasta el entorno de los 300 por la inflación y la subida de precios en los materiales de construcción.
El departamento de Teresa Ribera no ha acometido ninguna de estas infraestructuras en los últimos años pese a la peligrosidad del barranco y a que, según explican en sus comparecencias públicas "el cambio climático está acelerando" episodios como el del pasado 29 de octubre, más que en la intensidad, en lo referente a la mayor recurrencia en menos tiempo que antaño.
La Ley de la Huerta
Es más, en 2021 frenó la ejecución de estas mejoras en el barranco del Poyo al entrar en colisión con la Ley de la Huerta que impulsó Ximo Puig y que ahora se mostrado como "demasiado garantista", según las fuentes en ingenierías consultados por Vozpópuli. Y también esgrimió falta de Presupuesto, pese a que el esfuerzo no superarría el 2% del total asignado a su departamento en las últimas cuentas prorrogadas por el Gobierno.
Las obras servían para proteger el Parque natural de la Albufera, así como 11 municipios del área metropolitana que ahora han sido devastados por la riada y los que mayor cifra de fallecidos ha registrado como Paiporta, Catarroja o Alfafar, entre otros.
Nuevas conexiones
La conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia entre Paiporta y Picanya era una de las obras proyectadas, al igual que el drenaje (ahora se ha revelado importante por la gran cantidad de lodo que arrastró el pasado día 29), al igual que las previstas en el barranco de la Saleta que por apenas 30 millones de euros hubieran aliviado la inundación severa que han sufrido municipios como Aldaya y en menor medida Alaquàs.
La actuación en el barranco del Poyo afectaría a 10 kilómetros de cauce nuevo, especialmente a la altura de Catarroja, y el resto se centraría en adecuar los tramos que existen en la actualidad.
Si no se ejecutan estas obras con cierta premura, una nueva DANA con las características de la del pasado día 29 de octubre produciría los mismos daños materiales e inundaciones. El actual barranco no tiene capacidad material de absorber esa cantidad de agua con la actual infraestructura y es una de las principales reivindicaciones de los ciudadanos, al igual que el cambio de protocolo de emergencias para hacer más ágil y menos discrecional el envío de alertas masivas a la población.
