Comunidad Valenciana

Un centenar de afectados se querellan contra el Gobierno de Mazón y la Confederación del Júcar

La Asociación de Damnificados Horta Sud de Valencia ha presentado hoy su querella en los Juzgados de Instrucción de Valencia

  • Imagen de Sedaví tras las inundaciones por la DANA. -

La Asociación de Damnificados Horta Sud de Valencia, que representa a más de un centenar de afectados por la DANA, ha presentado hoy, cuando se cumplen tres meses de la catastrófica riada, una querella ante los Juzgados de Instrucción de Valencia contra cinco miembros del Consell que preside Carlos Mazón y contra el presidente de la Confederacion Hidrográfica del Júcar (CHJ) para depurar responsabilidades por "la inacción" de sus funciones.

La querella recoge la petición de que declare como testigo Carlos Mazón. El presidente de la Asociación de Damnificados Horta Sud Valencia, Cristian Lesaec, y Manuel Hernández, el CEO de Vilches Abogados, que ejerce la defensa de afectados en el que es el segundo desastre asociado a un fenómeno natural en la historia de España, y que ha causado 224 fallecidos y 3 desaparecidos (a partir de hoy pueden ser considerados ya como víctimas mortales).

El presidente de la CHJ

En concreto, la querella se presenta contra la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas; responsable de Emergencias durante la riada y el entonces el secretario autonómico de Seguridad y emergencias, Emilio Argüeso; así como el director general de Emergencias, Alberto Javier Martín; el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (AVSRE); la jefa del servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, y el presidente de la CHJ, Miguel Polo.

Les acusan de los presuntos delitos de homicidio imprudente, delito de lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y delito de omisión del deber de socorro por la "inacción" de sus funciones en la toma de decisiones para proteger la vida de los ciudadanos.

Al respecto, el presidente de esta asociación –que reúne a 340 socios de los que un centenar ha suscrito la querella–, ha recalcado que "no podemos dejar que los responsables de esta gestión no respondan ante la justicia por esta gestión tan nefasta porque tenemos la sensación que el poder legislativo no ha respondido".

"Deben pagar"

"La lucha va a ser larga, pero esto no puede quedar así, los responsables deben pagar por ello", ha recalcado.

La querella, de 67 páginas, va acompañada de una investigación cronológica en la que se recoge que "de haberse activado el sistema ES-Alert en el momento oportuno no se habría producido la magnitud que tuvo la tragedia" ya que la información aportada "demostraría que a las 15 horas los querellados ya contaban con datos suficientes para haberlo activado".

Sin embargo, prosigue la querella, por razones que "se desconocen y no se han explicado la alerta no se envió hasta las 20.11 horas", cuando el caudal del barranco del Poyo y el río Magro estaban "ya completamente desbordados".

Asimismo, se hace un recorrido individual sobre las funciones y obligaciones que los querellados tenían y sobre "las decisiones que no tomaron".

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