La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha requerido a la Conselleria de Interior y Emergencias de la Generalitat Valenciana para que informe si alguna autoridad ajena a las 29 personas y organismos que ya integraban el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el 29 de octubre estuvo presente entre la convocatoria del órgano, a las 17:00 horas, y el envío del mensaje de alerta a la población a las 20:11.
Esta solicitud se produce después de que la magistrada recibiera un escrito de la Subdirección General de Emergencias autonómica en respuesta a un requerimiento previo sobre la decisión de enviar dicha alerta. Ahora, la juez otorga a la Administración un plazo de tres días hábiles para responder a la nueva solicitud de información.
El juzgado ha dictado y notificado otras cuatro resoluciones en el marco de la investigación sobre la gestión de la dana. En una de ellas, la magistrada requiere a la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud que identifique a los miembros que sufrieron lesiones antes de decidir sobre la admisión a trámite de su querella. La juez solicita detalles sobre la naturaleza de las lesiones, la forma en que se produjeron y el tratamiento médico recibido tras la primera asistencia facultativa.
Asimismo, inadmite la parte de la querella relacionada con los daños materiales por imprudencia grave al considerar que estos "no se podían evitar", aunque sí señala que las muertes ocurridas durante la dana sí eran evitables. En este sentido, la magistrada remite a un auto previo del 11 de febrero, en el que se estableció que la investigación penal se centra exclusivamente en los fallecimientos y las lesiones que requirieron tratamiento posterior a una primera asistencia.
“La destrucción que ha afectado a centenares de miles de personas no es competencia de este proceso penal ni de la jurisdicción penal", aclara la juez, rechazando así la personación en la causa de cuatro afectados que sufrieron daños en bienes como vehículos o inmuebles debido a las inundaciones.
Por otro lado, sí se ha admitido la personación de familiares de varias víctimas mortales, representados legalmente por la asociación Liberum. No obstante, la magistrada ha exigido a esta entidad el pago de una fianza de 6.000 euros para ejercer la acción popular en el procedimiento.
Peticiones a Aemet y al 112
En respuesta a una solicitud de diligencias formulada por la acusación popular ejercida por Podemos, la juez ha solicitado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) un informe detallado sobre las actuaciones llevadas a cabo el 29 de octubre en relación con la dana.
Además, ha requerido al teléfono de emergencias 112 que informe sobre el momento exacto en que comenzaron a recibirse llamadas alertando de los efectos del temporal y las localidades de procedencia de dichas comunicaciones.
Más exigencias a la Confederación Hidrográfica del Júcar
Por último, en una providencia, la magistrada ha requerido nuevamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que aporte información sobre los caudales del barranco del Poyo.
La juez ha advertido que el CD remitido recientemente por la CHJ no contenía la información solicitada y ha fijado un plazo improrrogable de tres días para recibir la documentación requerida.
¿Quieres participar en la conversación?