El plazo dado por Hacienda a los gobiernos autonómicos para que presenten unos planes de saneamiento "creíbles y ejecutables" concluye este lunes. Dichos planes deben cumplir con el 1,5 por ciento de déficit al que deben atenerse en 2012; en caso contrario podrían provocar la intervención de esa Comunidad Autónoma transcurridos seis meses.
Ministerio y CCAA se reunirán dentro de unos días en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y es en este foro donde se dirá quién aprueba y quién debe tomar aún más medidas para llegar a ese déficit comprometido. Para entonces, ya estará en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la que abre la puerta a que una autonomía sea intervenida por Hacienda para obligarla a ajustarse a ese 1,5 por ciento.
Tanto el ministro Cristóbal Montoro como el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, han intensificado las advertencias a las comunidades autónomas. Montoro subrayó el miércoles en el Senado que es el país el que "está en juego" y que por ello su departamento no dudará con las regiones "no encarriladas".
Los gobiernos autonómicos tienen hasta este lunes para entregar los planes económico-financieros de saneamiento definitivos. Se trata de un programa de medidas para cumplir el objetivo de déficit del 1,5 por ciento en 2012 y tienen que estar ya ajustados a las cifras de los Presupuestos Generales del estado.
Todas las autonomías habían enviado estos planes para marzo, pero la revisión presupuestaria les obligó a rehacerlos; además, Hacienda les pidió otras correcciones porque varios de ellos contenían previsiones sobre todo de ingresos no creíbles, según explicó Beteta en un desayuno informativo.
También este lunes concluye el plazo para que las comunidades que se han acogido al plan de pago a proveedores entreguen un plan de ajuste en el que detallen cómo van a devolver las cantidades que pidan. Como se sabe, todos los gobiernos regionales salvo los de Galicia, País Vasco y Navarra van a pedir dinero para pagar las facturas pendientes.
