La independencia de Cataluña podría desencadenar graves consecuencias a nivel económico, social y jurídico para la ciudadanía y empresas del país. En este sentido, a lo largo de la tarde de hoy numerosas empresas han comunicado que su sede se trasladará de Cataluña a otras Comunidades Autónomas.
En esta misma línea apuntan las declaraciones de José Carlos Cano, presidente de Foro Europa Ciudadana y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Sobre la salida de Cataluña del país, Cano considera que, al no tener Cataluña una capacidad autónoma de participación institucional sino es en el marco de su pertenencia a España, la independencia supondría la salida inmediata de la Unión Europea.
Por eso, la independencia podría suponer para Cataluña -además de tener que solicitar su adhesión a la Unión Europea- el inicio y negociación de varios trámites de carácter social: los Tratados europeos –y, en concreto, el Tratado de Lisboa- sólo considera como miembros de pleno de derecho a los Estados miembros, que han pasado por un proceso de adhesión, en algunas ocasiones de varios años y de complejas negociaciones, como ha ocurrido con los Países del Este de Europa después de la caída del muro de Berlín.
Además, según explica el presidente de Foro Europa, una hipotética independencia provocaría que los ciudadanos catalanes, al dejar de ser españoles, perderían ipso facto sus beneficios jurídicos como europeos. Cataluña en España se beneficia de la ciudadanía de la Unión –con el pasaporte comunitario, los derechos políticos en otros países de la UE y la libre circulación de personas en el espacio Schengen, estas ventajas que repercuten sobre su estatus jurídico se perderían en un escenario de independencia.
Depreciación en la moneda
En términos económicos, la secesión tampoco depara cambios positivos. Es más, una de las consecuencias más inmediatas es la exclusión del sistema bancario catalán del paragüas financiero del Banco Central Europeo. Esta medida supondría una depreciación en la moneda catalana que, a su vez, provocaría el aumento de la inflación y el empobrecimiento generalizado de la sociedad.
Junto a los inconvenientes anteriores, una hipotética independencia, supondría remodelar completamente el entramado de convalidaciones y programas educativos. En este sentido, los programas de movilidad Erasmus, Leonardo, y demás medios de intercambio promovidos por la Unión Europea, quedarían vetados para las Universidades catalanas, erigiéndose en una isla dentro del territorio comunitario que conllevaría situaciones de diversa índole y que afectarían también a la libre circulación de mercancías por su territorio, o de capitales, la prestación de servicios, el reconocimiento de títulos en otros países europeos, etc, y que tendrían un acomodo difícil en el seno de la Unión.
