Tirón de orejas del Consejo de Estado a Félix Bolaños. El dictamen de este organismo sobre el reciente decreto de revalorización de las pensiones afea al Ministerio de la Presidencia no haber incorporado al expediente un informe preceptivo en estos casos, a pesar de que así lo solicitó en tiempo y forma el titular de Inclusión Social, José Luis Escrivá.
El dictamen del Consejo dedica varios párrafos a la ausencia de este informe. Se trata de un documento que elabora la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia. De hecho, la única función de este organismo de la Administración es precisamente valorar cualquier proyecto de ley o decreto del Gobierno: calidad técnica, congruencia con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y la evaluación de la memoria de su impacto normativo.
“No obra en el expediente el preceptivo informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia”, dice el Consejo de Estado. “Procede recordar la importancia de que en el expediente haya constancia documental de todos los trámites seguidos”.
Bolaños no aportó su informe
En ese sentido, el Consejo explica que el Ministerio de Inclusión Social de José Luis Escrivá, encargado del decreto de pensiones, solicitó informe por vía de urgencia tanto a Presidencia como al Ministerio de Hacienda a finales del año pasado. El departamento de María Jesús Montero lo aportó; el de Bolaños, no. El Consejo de Ministros aprobó la norma el 25 de enero. El Consejo de Estado emitió su dictamen, preceptivo pero no vinculante, días antes.
El Consejo señala que la ausencia del informe de Bolaños “no impide que continúe la tramitación del proyecto”. Pero al mismo tiempo recuerda la importancia de las formas y solicita que el análisis de la Oficina del Ministerio de Presidencia se incorpore al expediente del decreto tan pronto como esté disponible.
El dictamen recoge además otros errores y contradicciones significativas. En concreto menciona que las "cuantías mencionadas en el decreto no coinciden con las que figuran en las correspondientes previsiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, siendo aquellas más elevadas que las que se establecen en esta (el real decreto)".
Esa divergencia, entiende el Consejo, es consecuencia de una disposición adicional de los Presupuestos del 2021 sobre las reglas aplicables para mantener el poder adquisitivo de las pensiones. El dictamen aboga por la Ley de Presupuestos como norma "central" para fijar el criterio del incremento, en su caso, de las pensiones.
Errores del decreto de pensiones
"El expediente no ofrece explicación alguna acerca de la divergencia apuntada ni su origen", recoge el dictamen. "El Consejo de Estado considera que en la tramitación de una norma de esta naturaleza y trascendencia resulta imprescindible incorporar al expediente -y en particular a la memoria- una justificación detallada y suficiente de las cuantías previstas en el proyecto de los cálculos efectuadas para alcanzarlas, máxime en un supuesto en el que, como ya se ha indicado, tales cuantías difieren".
El Gobierno aprobó una subida para este año de un 2,5% en las pensiones contributivas y un 3% para las mínimas y no contributivas, un 3%. Escrivá cifró en 6.500 millones el coste de la revalorización de las pensiones para este año. De esta cantidad, 3.900 millones de euros corresponden a la subida de las pensiones para 2022 y 2.600 millones a la paga compensatoria a los pensionistas por la desviación de los precios en 2021 respecto a la subida inicial de sus prestaciones (0,9%).
Los 6.500 millones supondrán un coste total a futuro de 28.585 millones de euros, tal y como informó Vozpópuli. La paga compensatoria por la desviación de precios de 2021 o 'paguilla' será la última que reciban los pensionistas, porque a partir de este año sus pensiones ya se actualizan con el IPC.
