España

Entre pillos anda el juego: dos cabecillas de la Púnica planeaban hacerle la 'competencia' a Marjaliza

Las intervenciones telefónicas revelan cómo el conseguidor De Pedro y su socio tramaban arrebatarle al amigo de Francisco Granados el 'negocio' de los contratos de eficiencia energética. Buscaron una empresa para hacerle la competencia a Cofely, la multinacional con la que trabajaba el otro cabecilla de la trama.

Socios... pero rivales. Las conversaciones telefónicas intervenidas durante la 'Operación Púnica' revelan cómo dos de los presuntos cabecillas de la trama, los 'conseguidores' Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa querían hacerle la competencia a otro destacado integrante de la red, el constructor David Marjaliza. En concreto, planeaban ofrecer sus servicios de tráfico de influencias ante políticos a empresas de eficiencia energética para arrebatarle concursos públicos a Cofely-GDF Suez, la multinacional para la que trabajaba el amigo de Francisco Granados y con la que éste había conseguido acaparar contratos públicos por un valor superior a los 250 millones de euros. Cuando fueron detenidos en octubre pasado, los dos 'conseguidores' ya habían hecho un primer intento en la localidad madrileña de Majadahonda.

Los dos 'conseguidores' deciden meterse en el 'negocio' de los contratos de eficiencia energética después de ayudar a Marjaliza a hacer un contacto y que éste no les pague nada

La idea de hacer la competencia a Marjaliza surge precisamente después de que el constructor pidiera a Alejandro de Pedro que utilizara sus contactos políticos en la Comunidad de Madrid, labrados con la realización de trabajos de reputación 'online' para altos cargos del gobierno regional, para conseguirle una reunión con el entonces alcalde de Coslada, un municipio de 90.000 habitantes situado al Este de Madrid y entonces gobernado por el 'popular' Raúl López Vaquero. Según le señaló el socio de Granados, en dicho encuentro estaba muy interesado Pedro García, el directivo de Cofely señalado por la investigación como el auténtico muñidor del amaño concursos municipales de la trama. Éste último quería hacerse, precisamente, con el contrato de eficiencia energética que dicha localidad iba a sacar.

"Eso no es gratis"

Según destaca la Unidad Central Operativa (UCO) en sus informes, no era la primera vez que Marjaliza acudía al conseguidor "en casos como éste, en el que no puede acceder a un responsable público con el que se intenta contactar desde Cofely". Es precisamente esta reiteración en pedirle la ayuda lo que lleva a De Pedro a comentar lo que está pasando al considerado por la Guardia Civil su socio, José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena y también imputado en la causa. Es precisamente éste, según una conversación telefónica que mantienen ambos poco antes de la una de la tarde del 9 de septiembre pasado, mes y medio antes del arresto de ambos, el que sugiere al primero que ese tipo de ayuda hay que cobrársela a Marjaliza.

José Antonio Alonso Conesa: A ver, que lo que le has puesto a David, ¿no es para lo de eficiencia energética con el alcalde?

Alejandro de Pedro: Sí, sí

J.A.A.C: Bueno, pues coño, como yo eso sé cómo se hace, que sepa David que eso no es gratis [...]

A.P: Ah no, ya ya

J.A.A.C: Que como él pasa sus honorarios que incluya o bien para ti lo que quieras... [...]

A.P: Sí, sí, eso..., vamos, eso ya lo tenía. Lo que no controlo, lo que no controlo es lo que... lo que él gana.

J.A.A.C: No, él, él depende del contrato. Es decir, éste tiene un porcentaje sobre el contrato pero lo que él hace es que él mete también lo que pide a la otra parte.

A.P: Ya, ya

J.A.A.C: ¿Eh? Entonces lo que hay que hacer es ver qué pide la otra parte [...] Tu tienes que decirle al que decide, dile oye tú, ¿tú de esto necesitas algo? Oye, pues yo necesito tres, porque... necesita esos tres. Pues tú a los tres del otro, le pones dos más y dices, mira, cinco ¿sabes?

A.P: Vale, vale, vale

Es a raíz de dicha conversación, de la que los investigadores deducen que Alonso Conesa le explica a su socio cómo el constructor cobra la 'mordida' por sus gestiones en favor de la multinacional francesa, la que hace que poco después el primero le proponga a su compañero "hacer las mismas gestiones que hace David Marjaliza en relación a la adjudicación de contratos públicos de eficiencia energéticas para Cofely, pero trabajando con la competencia", se lee textualmente en el informe de la Guardia Civil. En concreto, los agentes apuntan a la empresa Dalkia, de la que, precisamente, había sido antiguo empleado el exalcalde socialista de Cartagena.

Primera gestión: Majadahonda

De este modo, los 'conseguidores' se metían de lleno en el negocio de Marjaliza y, de hecho, poco antes de su arresto empezaron a hacer sus primeras gestiones en ese sentido en Majadahonda, una localidad de 70.000 habitantes muy próxima a la capital. Al parecer, se habían enterado a través de la propia Dalkia, la empresa para la que querían hacer valer sus contactos políticos, que este municipio aún no había adjudicado ningún contrato de este tipo. Según refleja un informe de la Guardia Civil, poco antes de su arresto habían llegado a reunirse con el alcalde del municipio, Narciso de Foxá, "quien les ha remitido al concejal de Urbanismo".

Cuando fueron detenidos, De Pedro y Alonso Conesa ya habían contactado con el alcalde de Majadahonda para intentar ayudar a una empresa rival de Cofely

No era la primera vez que los 'conseguidores' habían intentado valer sus influencias en esta localidad madrileña, aunque su anterior incursión, en ese caso para conseguir que un contrato de mantenimiento de las infraestructuras locales se lo llevase la compañía Assignia, resultó un fracaso. Entonces, y pese a que De Pedro tiene como contacto a una concejal "las gestiones no resultan favorables a los intereses de la empresa Assignia en cuyo favor estaba trabajando Alejandro", detalla el documento de la UCO. Un fracaso que el presunto cabecilla de la trama no se explica ya que, como detalla a uno de sus hermanos en una conversación telefónica también intervenida, creían tener "controlada" a una técnico del consistorio y "un voto" de los cargos que iban a decidir la adjudicación.

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