La auditoría sobre la investigación abierta en la Iglesia por los abusos a menores afronta el gran reto de poner una cifra concreta a los casos que se habrían producido desde la década de 1950. El despacho Cremades&Calvo Sotelo aglutinará las denuncias que se presenten tanto en el bufete como en las diócesis de toda en España para hacer una radiografía de todos los casos que, en paralelo, se investigan también desde la Fiscalía General del Estado. El bufete se apoyará en las pesquisas del Ministerio Público y en la información recopilada por los medios de comunicación ante de concluir su trabajo, para el que se han dado un margen de plazo de un año.
Fuentes implicadas en esta investigación explican a Vozpópuli que el despacho se va a encargar principalmente de homologar la investigación abierta en la Iglesia. Sin embargo, asume también el papel de canalizador de denuncias de aquellas personas que sufrieran abusos y no quieran informar de ello a través del único cauce que había hasta el momento. La decisión es novedosa y busca, principalmente, acotar la cifra de casos ocurridos en España desde mediados del siglo pasado. Esto es así porque, hasta la fecha, el proceso de investigación interna se ha pilotado desde el Vaticano, de manera que la Conferencia Episcopal Española ha estado al margen del proceso.
El trabajo periodístico liderado por El País -que elaboró en diciembre una lista con 251 nuevos casos- abrió la veda a promover una investigación global sobre estos hechos. Así, el Congreso de los Diputados ha dado el primero paso para que la cámara baja investigue por primera vez el asunto, mientras que la Fiscalía General del Estado movió ficha para contabilizar todos los casos abiertos en las fiscalías de España. Hasta la fecha, suman un total de 68. Ahora bien, el verdadero hito que provocó un cambio real de actuación de la Iglesia fue el trabajo del Boston Globe que destapó en 2001 los casos de pederastia en Boston.
70 oficinas de denuncia
La consecuencia directa fue la decisión del Papa Juan Pablo II de que fuera Roma la que asumiera directamente todas las causas sobre abusos, en detrimento de los tribunales de las diócesis. El papa emérito, Benedicto XVI, se convirtió en el primero en pedir perdón por los abusos cometidos por religiosos en todo el mundo e instauró unos protocolos de actuación dentro del Vaticano en relación con la recepción y canalización de todas las denuncias. Su sucesor, el Papa Francisco siguió la senda y ordenó la apertura de oficinas de atención a las víctimas de abusos sexuales. El objetivo no era solo aglutinar las denuncias, sino atender también a todos los afectados.
Las oficinas de acogida constituidas en las 70 diócesis no han calado entre las víctimas, bien sea por desconocimiento o porque prefieren denunciarlo en otro punto
Sin embargo, las fuentes consultadas por este periódico explican que este sistema no ha dado sus frutos. Bien sea por desconocimiento o por desconfianza, las oficinas de acogida constituidas en las 70 diócesis no han calado en la opinión pública y ello pese a que no se tiene una cifra certera de cuántas denuncias se han presentado en los últimos años. La Conferencia Episcopal no recibe estos datos porque las diócesis los trasladan directamente al Vaticano. Es una cuestión de jerarquía: "Por encima de los obispos solo está el Papa", explican a este medio. Con todo, la Iglesia da ahora un paso al frente para recopilar todas las acusaciones.
Análisis de los abusos
En este asunto jugará un papel clave el despacho de Cremades. En una rueda de prensa ofrecida el martes, Javier Cremades explicó que el equipo designado para este trabajo (y que integran la exvicepresidenta del Tribunal Constitucional Encarnación Roca y el que fuera magistrado del Supremo Vicente Conde) llegará hasta el final con este asunto. El objetivo no es solo auditar las pesquisas de la Iglesia, sino también asistir a las víctimas. Por ello habilitan un buzón para los que no quieran establecer ningún contacto con la Iglesia. Las fuentes consultadas precisan que de cara a poner en valor el resultado del trabajo, cabe recordar que en España hay en la actualidad un total de 24.500 sacerdotes y religiosos.
Con todo, será difícil sacar conclusiones al respecto porque las denuncias que se recaban no tienen un límite temporal, por lo que puede afectar a religiosos ya fallecidos. El principal número de casos se centra en abusos que se habrían cometido entre 1960 y 1980, pero se pueden canalizar denuncias previas. Las mismas se pueden topar con la prescripción en la vía judicial, pero no en la investigación de la diócesis ya que se investigan todos los supuestos, al margen de cuando se produjeran los abusos. Del mismo modo se dan casos también de denuncias posteriores pero la cifra disminuye considerablemente (sobre todo a partir de la década de los 2000).
220 causas en el Vaticano
La auditoría de Cremades se centrará en cuatro aspectos concretos: recabar todas las denuncias que lleguen en estos meses al buzón habilitado, incorporar la documental de la que disponen las autoridades, incluir la información de los medios de comunicación (que reciben también denuncias de víctimas de pederastia) y, finalmente, la que se remite desde el Vaticano. Al respecto cabe recordar que Roma tiene datos de la Iglesia de España desde el año 2001. En el siglo XXI ha investigado un total de 220 casos del total de 32.000 curas que han trabajado desde ese año en nuestro país.
A falta de conocer las cifras que arroje la auditoría de Cremades, la Fiscalía General del Estado ha contabilizado un total de 68 causas abiertas en las fiscalías territoriales. El órgano que dirige Dolores Delgado ordenó el pasado 31 de enero que se remitiera toda la información a la institución para realizar un "análisis cualitativo" y "dimensionar el fenómeno" del asunto. En concreto, se solicitó información de todos los procedimientos penales en tramitación que se hubieran incoado tanto en sede judicial como fiscal. Se trata de denuncias sobre casos de pederastia en el seno de congregaciones, colegios y cualquier otra institución religiosa.
De acuerdo con la información remitida, del total de 17 comunidades autónomas, Cataluña es la que más causas ha abierto hasta el momento con un total de 14. Le sigue Madrid con ocho casos y Andalucía con 7 procedimientos abiertos. Las dos Castillas suman un total de 10 procedimientos; Galicia 7; Murcia seis; Islas Baleares 5; País Vasco y Comunidad Valenciana cuatro cada uno y Aragón con dos. Por contra, Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura y Navarra son territorios que, hasta el momento, no tienen ningún procedimiento abierto por estos hechos.
