España

La DGT investiga posibles irregularidades en los cursos para recuperar puntos del carné de conducir

La DGT ha abierto una investigación interna después de salir a la luz una grabación que en la que la subdirectora adjunta de Formación Vial de la DGT, Marta Carrera, reconoce haber amañado los pliegos del concurso para conceder el control de esos cursos con el presidente de la CNAE.

La Dirección General de Tráfico (DGT) investiga una posible irregularidad en la concesión del control de los cursos de recuperación de los puntos del carné de conducir, tras una denuncia interpuesta por varios afectados que aseguran que se amañó con la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE). 

Un portavoz de la DGT ha confirmado a Efe la apertura de esta investigación interna, tras la publicación este sábado en El Mundo de la existencia de una grabación que según los afectados demuestra que la subdirectora adjunta de Formación Vial de la DGT, Marta Carrera, apañó los pliegos del concurso público para conceder el control de esos cursos con el presidente de la CNAE, José Miguel Báez, gestor y beneficiario de los mismos desde hace diez años. La DGT ha declinado dar más detalles sobre este asunto por el momento.

Los denunciantes, procedentes de Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana, exigen la expulsión definitiva de la UTE encabezada por CNAE del concurso que se adjudicó en septiembre de 2015 porque en su opinión la grabación demuestra que Carrera y Báez "pactan sin ningún rubor todas las condiciones que serán exigidas a los centros y que posteriormente aparecen en los pliegos técnicos".

Por su parte, el presidente de CNAE ha negado, en declaraciones a Efe, que se haya llevado a cabo ningún amaño ni beneficio y ha anunciado que ya ha puesto en manos de los servicios jurídicos de la Confederación este asunto. Ha reconocido que sí conversó con Carrera, dentro de la relación normal entre la Administración y cualquier patronal, pero la publicación de la conversación es "sesgadísima". Báez ha asegurado que esa adjudicación se consiguió tras acudir tres veces al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y tras dieciocho meses de pleitos con la Administración.

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