El presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, quien ha convocado para el 5 de noviembre un Pleno que podría cambiar la decisión de que los impuestos de las hipotecas los paguen los bancos, compaginó durante dos años su cargo en el Alto Tribunal con dar clases en el Centro Universitario de Estudios Financieros (Cunef), cuyo titular es la Asociación Española de Banca.
Así consta en los acuerdos de la Comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial del pasado 7 de julio de 2014, a cuyo contenido ha tenido acceso Vozpópuli, en los que se autorizó al magistrado del Alto Tribunal a "renovar la compatibilidad de su cargo judicial" con el "ejercicio de docencia" como profesor del mencionado centro entre los años 2015 y 2017.
En virtud de la autorización, el presidente de la Sala Tercera del Supremo desde el año 2008 podía compatibilizar las funciones de magistrado y la de docente, siempre que como profesor -de Derecho Constitucional- trabajase en horario de tarde, "a partir de las 15.00 horas", reza el documento, para que no impidiese "el cumplimiento de sus deberes judiciales y de los objetivos de rendimiento establecidos por el Consejo", así como su "imparcialidad e independencia”.
Precisamente ahora su independencia se ha puesto en entredicho, ya que ha convocado un Pleno "sin precedentes", según reconocen fuentes del Tribunal Supremo a este diario, que manifiestan que nunca antes se había evocado a un Pleno una decisión de estas características.
El órgano de gobierno de los jueces también dio autorización al magistrado para ofrecer clases en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de Presidencia (CEPC), según informa la Cadena Ser.
Cambios de postura
La Sala III del Tribunal Supremo dictó el pasado jueves que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria sería la entidad bancaria, no el usuario que recibe el préstamo. En el mes de febrero el Supremo decidió lo contrario y atribuía al cliente la obligación de asumir el impuesto por la firma de una hipoteca.
Sin embargo, los cambios de postura del Alto Tribunal no terminaron hace cinco días. Tras la decisión del Supremo, que daba un golpe a la banca, solo pasaron 24 horas para que el Alto Tribunal cambiara de opinión y afirmase que revisaría la sentencia. Este lunes se ha producido el último movimiento, la decisión sobre quién pagará los gastos hipotecarios se paraliza hasta el próximo día 5 de noviembre.
