La asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) ha agradecido "sin paliativos" la "disposición a reducir el daño" de los dos etarras que han colaborado con la Audiencia Nacional para procesar a la ex cúpula de ETA por el secuestro y asesinato en 1997 del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco.
En un comunicado, la asociación subraya que el testimonio de estos dos terroristas "es probable que no solo sirva para procesar a la cúpula de la banda que ordenó y permitió el asesinato de Miguel Ángel Blanco, sino que también es probable que sea útil para avanzar en otros procedimientos".
Este jueves, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el procesamiento de cuatro jefes de ETA por el asesinato del concejal 'popular' al considerar que se dan los requisitos de la autoría mediata por dominio de la organización. En concreto, a los ex miembros del Comité Ejecutivo de ETA José Javier Arizcuren Ruiz, alias 'Kantauri'; Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza'; María Soledad Iparraguirre, 'Anboto'; e Ignacio de Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería'.
DyJ precisa que, en este caso, las revelaciones de los dos testigos protegidos han permitido sostener el argumento de la "autoría mediata", pues han puesto sobre la mesa que los jefes de la organización terrorista podían haber evitado el asesinato del concejal y no lo hicieron.
Crímenes sin resolver
La asociación espera que estos testimonios abran "una brecha" en ETA y "puedan animar a otros miembros o ex miembros a tomar conciencia del dolor que podrían paliar sus testimonios, que seguro servirían para ayudar a esclarecer al menos por esta vía de la autoría mediata alguno más de los 378 asesinatos que aún hoy continúan sin resolver".
Sobre este extremo, Dignidad y Justicia incide en que, desde que el Parlamento Europeo recomendó a las instituciones españolas hacer todo lo posible para reducir el número de atentados de ETA que continúan impunes, "la justicia tan solo ha esclarecido uno de los 379 crímenes que por aquel entonces se encontraban impunes, el del que fuera presidente del PP de Aragón, Manuel Giménez Abad, asesinado en 2001".
La asociación asegura que el caso de Miguel Ángel Blanco fue el primero que consiguió reabrir por la vía de la autoría mediata y la comisión por omisión. Además de este, y con la misma doctrina, DyJ ha reabierto causas como la del atentado de Santa Pola, el de Ondarroa, el de Sangüesa, el de Jesús María Pedrosa Urquiza o el de José Francisco Querol Lombardero, entre otros.
