El juzgado de Alcorcón que canalizó la denuncia contra Dina Bousselham por supuestamente mentir con el episodio del robo de su tarjeta, la ha remitido de vuelta a la Audiencia Nacional. El órgano entiende que los hechos que se le atribuyen (acusación falsa y simulación de delito) se deberían investigar conjuntamente con el delito de falso testimonio que el juez del caso Villarejo le imputa también a la exasesora de Pablo Iglesias.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que el titular del juzgado, Agustín Carretero, explica que los delitos que se han distribuido en sendas denuncias son conexos, de manera que deberían canalizarse en una misma actuación. Por ello lo devuelve al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para que, si lo considera oportuno, unifique las dos denuncias contra Dina Bousselham.
El instructor del caso Villarejo dedujo testimonio en septiembre a los juzgados de instrucción de Madrid (Plaza Castilla) respecto a la posible comisión de delito de falso testimonio de la que fuera asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo y de su pareja, Ricardo Sá Ferreira. Del mismo modo también se dirigió a los juzgados de Alcorcón para que la investigase por simulación de delito y denuncia falsa.
Las contradicciones de Dina
El instructor desgranó su actuación dado que fue en Alcorcón donde Dina Bousselham denunció el robo de su tarjeta telefónica en noviembre de 2015. El magistrado sostiene que tanto ella, como el propio Pablo Iglesias (que litigan como perjudicados en el caso Villarejo) se inventaron la teoría del robo del móvil para sacar un beneficio político electoral de los hechos.
Si (Dina) mintió ante el juez lo hizo siguiendo una estrategia que se pudo cometer para apuntalar los delitos denunciados o simulados en Alcorcón. Se podría llegar a fallos divergentes si se instruyen ambos hechos por separado
El juez incluso envió una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigase al entonces vicepresidente segundo del Gobierno por tres delitos relativos a estos hechos. No obstante, la Sala de lo Penal le devolvió las actuaciones para que recabara más indicios sobre el presunto robo del teléfono y la posterior difusión en prensa de su contenido.
Por ello el magistrado encargó a la Policía Científica que estudiara a fondo la tarjeta SD de Dina. Con el avance de las diligencias de esta pieza décima del caso Villarejo, comenzó a apuntar a la posibilidad de que Iglesias tuviera algo que ver con el hecho de que el dispositivo que recuperó Dina a mediados de 2019 estuviera completamente ilegible.
Ella misma confesó en una de sus primeras comparecencias en la Audiencia Nacional que fue su jefe el que le entregó la tarjeta tras retenerla medio año en su poder. Iglesias la recibió, a su vez, del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, en enero de ese año. Sin embargo, luego Dina libró de cualquier responsabilidad al exlíder de Podemos y dijo que confiaba en él.
También cambió de versión en relación a los pantallazos de conversaciones de chats que guardaba en el teléfono y que se publicaron en prensa. Al respecto acabó declarando que ella misma pudo hacer estos pantallazos pero que en ningún lo hizo para publicarlo en los medios. De hecho, tanto ella como Iglesias encuadran el robo y las filtraciones en una acción de la conocida como policía patriótica con Villarejo al frente.
"Estrategia fraudulenta"
Pese a ello, el magistrado en septiembre decidió dar luz verde a la petición de la Asociación Pro Lege, que ejerce la acusación popular, y pidió a los juzgados de Plaza Castilla que la investigaran por falso testimonio y a los de Alcorcón por simulación de delito. La denuncia en cuestión fue a reparto y recayó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Alcorcón, cuyo titular devuelve ahora las actuaciones a la Audiencia Nacional para que se unifiquen en un mismo procedimiento.
"Según se desprende del auto de la Audiencia Nacional, Dina y Ricardo habrían mentido en sus declaraciones ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por cuanto Dina conocería al tiempo del escrito de ampliación de su denuncia (2 de agosto 2016) que los archivos publicados en un medio de comunicación habrían podido ser difundidos previamente por ella a terceras personas y que la declaración de Ricardo Sá Ferreira habría corroborado en esencia dichas afirmaciones conociendo su falsedad", reza el juzgado de Alcorcón.
Por ello concluye que estas acciones se encuadrarían en "una estrategia procesal fraudulenta ideada por la dirección de Podemos" e "instrumentalizada a través de los servicios jurídicos". Añade el juez que se deduce que si la exasesora de Podemos "faltó a la verdad y mintió" en sus comparecencias como perjudicada lo hizo siguiendo el hilo en coherencia con dicha estrategia, por lo que instruir las denuncias por separado podría provocar fallos divergentes en función del criterio de los órganos investigadores.
