El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha adelantado este miércoles en el Congreso que la 'mesa de retribuciones' para una revisión de los sueldos de jueces y fiscales, que estaba prevista para este mes de octubre pero fue desconvocada por el Gobierno, se volverá a convocar en 2023, recoge Europa Press.
"Sin duda alguna se retomará a principios de año", ha asegurado Rodríguez durante la Comisión de Justicia, donde ha comparecido para informar del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la partida de 2.291 millones asignada al Ministerio de Justicia.
El anuncio llega después de que las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales exigieran, a través de un comunicado conjunto a principios de mes, explicaciones al Gobierno por cancelar la reunión e incumplir su "compromiso" para una mejora salarial. Según el secretario de Estado, la 'mesa de retribuciones' prevista para este año se ha desconvocado por un "acuerdo sindical" que se aprobó por parte del Gobierno y las centrales sindicales.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) reaccionaron con "estupor e indignación" a la desconvocatoria e indicaron que veían rotos los "puentes de contacto" con el Ministerio que dirige Pilar Llop.
"Nos deja en evidente desamparo y, a la par, en plena libertad para tomar las decisiones y emprender las acciones que en Derecho procedan", avanzaron en el comunicado las siete asociaciones.
Horas antes, el Gobierno les había notificado que era "necesario" retrasar la convocatoria de la mesa y que Justicia la convocaría "en cuanto sea posible", ante el "impacto" que pueda tener, según el Ministerio de Hacienda, en la elaboración, tramitación y negociación del proyecto de Presupuestos de 2023.
Dotación presupuestaria a Justicia
Sobre la dotación presupuestaria a Justicia, el secretario de Estado ha reivindicado que va a aportar "estabilidad y modernidad, a pesar de que algunos no lo quieran", al tiempo que ha censurado la visión "negativa y catastrofista" de los partidos de la oposición.
Rodríguez ha explicado que el incremento del 0,3% para 2023 -siete millones más que lo presupuestado para 2022- se debe a que ya se han transferido "casi la totalidad" de los fondos europeos, lo que ha provocado que el aumento final sea menor.
En su opinión, si se es "realista" y se elimina el efecto de la aportación de fondos europeos, que en un "90%" ya se han pagado, la cantidad de la que dispondrá Justicia debería verse como un "éxito", al aumentar el presupuesto ordinario en 160 millones, un 7,8% más.
Por su parte, el diputado del PP Miguel Ángel Jerez ha criticado que lo presupuestado para el año que viene condena a la Justicia a ser la "Cenicienta" de unos PGE que no son, según él, creíbles.
Ha señalado que en la Administración de Justicia "no hay medios suficientes" y que las 300 nuevas plazas anunciadas para las carreras judicial y fiscal son pocas porque España sigue "muy alejada" de la media europea de jueces y fiscales por habitante.
Desde el PSOE y Unidas Podemos han aplaudido lo presupuestado por su Gobierno, que ayudará a la "modernización" y a una mayor agilidad de la Justicia.
En la misma línea han incidido los portavoces de Vox y Ciudadanos, Javier Ortega Smith y Edmundo Bal, respectivamente, que han apuntado que España sí supera, en cambio, la media europea del gasto público en Justicia pero -consideran- malgasta los recursos.
Para Ortega Smith, este problema responde a la "ineficacia y despilfarro" del Gobierno, que se centra en la "propaganda". Para Bal, la Justicia "siempre" es "la hermana pobre" de las cuentas públicas: "Tenemos fondos pero se gastan mal" por la "negligencia continuada" de PP y PSOE durante los más de 40 años de democracia.
Desde el PSOE y Unidas Podemos, los diputados Francisco Aranda y Roberto Uriarte han aplaudido lo presupuestado por su Gobierno, que ayudará a la "modernización" y a una mayor agilidad de la Justicia.
