Tres son las investigaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo que pivotan en torno a la figura del rey emérito. La reciente regularización fiscal anunciada por su abogado solo afecta a una de ellas y todavía está pendiente de que los investigadores acrediten que la cantidad que dice haber pagado es la correcta. Don Juan Carlos pretende regresar a España habiendo despejado un horizonte penal y judicial sobre el que todavía se ciernen muchos interrogantes.
El abogado de don Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco, emitió este miércoles un comunicado en el que informaba de que el exjefe del Estado “ha procedido a presentar ante las Autoridades Tributarias competentes, una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros incluyendo intereses y recargos”. Eso implica que el rey emérito aflora ahora a ojos de la Agencia Tributaria un patrimonio de más de 1,2 millones de euros que había ocultado al fisco español, según el cálculo que ha hecho el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha).
En cualquier caso, se trata de una regularización con la que se evita un posible delito fiscal. Este tipo de delitos han ocupado siempre un lugar muy discreto en todas las causas de corrupción que han marcado la actualidad en la última década. También es algo menor en lo que afecta al rey emérito si se tiene en cuenta que se ha investigado el cobro de hasta 100 millones procedentes de Arabia Saudí y la creación de fundaciones en paraísos fiscales.
¿En cuál de las tres causas se enmarca este movimiento? La nota del abogado es escueta, pero las fuentes consultadas la ubican en la investigación en torno al uso durante años de tarjetas opacas con fondos de un empresario mexicano amigo del rey emérito. Hay otras dos líneas de investigación. Está la que afecta al presunto regalo millonario saudí. Don Juan Carlos lo escondió en una fundación panameña y acabó en 2012 en manos de su examante Corinna Larsen, que ya se ha gastado buena parte del dinero. Ella siempre ha defendido que fue un regalo. Él dice que nunca pidió que se lo devolviera.
De fondo emerge la figura de Corinna Larsen, enemistada ahora con don Juan Carlos. Amaga con presentar una querella en Londres contra él
Esta causa será archivada porque los hechos son anteriores a su abdicación en 2014, cuando el emérito era inviolable. La tercera causa, hasta ahora la más desconocida, es la que apunta a una fortuna oculta en una sociedad offshore en la Isla de Jersey. Desde el entorno del rey emérito se muestran confiados en que podrán demostrar que ese dinero no es suyo. De fondo emerge la figura de Corinna Larsen, enemistada ahora con don Juan Carlos. Amaga con presentar una querella en Londres contra él y el exjefe de los servicios secretos por amenazarla de muerte hace años.
¿Por qué ha regularizado ese dinero ahora? El artículo 305.4 del Código Penal deja claro que “se considerará regularizada la situación” siempre que pague lo que debe antes de que las autoridades administrativas o judiciales inicien una investigación. Del comunicado de su abogado se desprende que nadie reclamó explicaciones al monarca. Eso a pesar de que disfrutó de sus tarjetas opacas durante años o que la Fiscalía del Tribunal Supremo comenzó sus pesquisas sobre este caso en diciembre del año pasado. No salió a la luz hasta que lo publicó eldiario.es el pasado 3 de noviembre, casi un año después. En declaraciones a los periodistas, la fiscal general del Estado aseguró que esta causa estaba ya muy avanzada.
En principio, el caso de don Juan Carlos es similar a lo que hizo el dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero hace cinco años regularizar unos trabajos de asesoría que había facturado por medio de una sociedad instrumental. De este modo evitan la apertura de una causa penal que puede acabar en juicio como fue el caso de Messi, Cristiano Ronaldo o los actores Imanol Arias o Ana Duato. Cabe recordar que el rey Juan Carlos no está siquiera formalmente investigado. Por su condición de aforado, es necesario que la Fiscalía presente antes una querella ante el Tribunal Supremo si halla suficientes indicios de delito.
Sin embargo, al caso del Rey todavía le queda recorrido. Según admite la Fiscalía, le avisó de la existencia abierta sobre él mediante una notificación. Y el mismo artículo 305.4 dice que una de las razones para anular una regularización fiscal como la que ha anunciado esta semana don Juan Carlos I es que “el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”. El Ministerio Público informa que revisará esta situación.
Ahora la Fiscalía analizará en profundidad la documentación, por lo que el cierre del caso no es inmediato
¿Con esto queda exonerado por el uso de las tarjetas opacas? La información ya ha llegado formalmente a la Fiscalía del Tribunal del Supremo a través de los peritos de Hacienda adscritos al equipo que investiga las tres diligencias abiertas. Desde el departamento que dirige Dolores Delgado no aclaran a qué autoridad corresponden, pero al tratarse de una donación, sería la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid, según apuntó este miércoles la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Ahora la Fiscalía analizará en profundidad la documentación, por lo que el cierre del caso no es inmediato.
Lo que no dice el comunicado. El nota remitida por el abogado del rey emérito no aclara, entre otras cosas, si ha incluido otros ejercicios ya prescritos (entre cuatro y diez años, dependiendo de la cuantía) o si ha presentado un Modelo 720, necesario cuando el dinero se guarda fuera de España. La legislación española establece que, sin haber presentado ese Modelo, el dinero no declarado anteriormente no prescribe nunca. Esta es una medida recurrida ante la Justicia europea y todos los fiscalistas consultados no tienen duda de que se acabará derogando.
Dinero en el extranjero
La opción de que don Juan Carlos tuviera el dinero en el extranjero no es inverosímil para las fuentes consultadas. Dicen que Hacienda detectaría si una cuenta española recibiese 1,2 millones. Otra cosa es que el rey emérito esté regularizando el uso de las tarjetas opacas interpretando como ingresos los gastos que hizo con ellas. Pero lo que ha trascendido hasta ahora de la investigación es que la persona que operaba con la tarjeta cargada con fondos del empresario mexicano era un militar de la confianza del monarca llamado Nicolás Murga. Según informó El Mundo, cuando Murga declaró ante la Fiscalía, dijo que eran detalles que él tenía con el rey.
Si ese dinero en realidad fuese del rey fruto de otro regalo como el de Arabia Saudí o procediese de alguna actividad ilícita, se abriría la puerta a otras consideraciones delictivas
El comunicado del abogado tampoco ofrece datos sobre el origen de los casi 700.000 euros que ha abonado don Juan Carlos. Antes de que el rey Felipe VI anunciase en marzo su decisión de retirarle a su padre la asignación anual de los presupuestos de la Casa Real, don Juan Carlos recibía en torno a 200.000 euros anuales. Además, desde que este caso salió a la luz ya se apuntó a que otros miembros de la familia real hicieron uso de esos fondos del empresario amigo. Otras informaciones difundidas por El Confidencial apuntan incluso a los nietos del monarca, que no son aforados.
¿Cuál es el origen de la donación del empresario mexicano? Ese sigue siendo uno de los interrogantes que tendrá que resolver la Fiscalía. El posible delito del rey no era tanto haber recibido el dinero de su amigo, sino haberlo ocultado sin declarar a las autoridades (obligatorio si supera los 120.000 euros anuales) con el correspondiente pago de impuestos. Pero determinar el origen también es importante en la investigación. El amigo del rey, Allen Sanginés-Krause, ya ha declarado ante el ministerio público y ha defendido que todo eran regalos desinteresados.
Si ese dinero en realidad fuese del rey fruto de otro regalo como el de Arabia Saudí o procediese de alguna actividad ilícita, se abriría la puerta a otras consideraciones delictivas. En caso de que el dinero realmente fuese del mexicano, pero los regalos económicos fueran interesados -atendiendo al estatus del Emérito-, se podría plantear también un cohecho impropio. Se trata de un delito penado con cárcel, pero muy difícil de probar en los tribunales.
