Las agendas intervenidas por la Guardia Civil en el marco de la operación Azud se han convertido en uno de los pilares sobre los que se asienta la investigación de la última trama de corrupción urbanística en Valencia, cuyo presunto líder, el constructor Jaime Febrer, sobornaba a través de sus empresas a cargos populares y socialistas para lograr favores y contratos públicos. Según publica El Mundo, uno de los principales hilos de los que se está tirando es la supuesta financiación irregular del PSOE valenciano, como apunta la abundante documentación intervenida en el registro domiciliario del que fuera responsable de Finanzas del partido, José María Cataluña.
Sus agendas y libretas, intervenidas en mayo del año pasado, contienen abundante información relevante sobre contratos públicos en diferentes municipios de la Comunidad Valenciana. Entre esta documentación, la Guardia Civil halló todo tipo de anotaciones relacionadas con adjudicaciones de concursos relacionados con servicios públicos como la recogida de basuras, la limpieza o la jardinería, además de diversas obras.
Aunque Cataluña ya no ostentaba ningún cargo orgánico en el partido desde 2004, tras personarse los agentes en su casa fue suspendido de militancia por la federación que dirige Ximo Puig. El presidente valenciano siempre ha negado que Azud implique a una trama del PSOE valenciano. Y ello a pesar de que no solo salpica directamente al extesorero, sino también al que fuera subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, o a un abogado vinculado históricamente al PSPV, José Luis Vera, que hacía de conseguidor y de intermediario entre el empresario corruptor y los cargos socialistas.
