Las exigencias planteadas desde el independentismo o el nacionalismo son el rastro de migas de pan que conducen a una serie de presiones o decisiones ejecutadas por el Gobierno contra una serie de funcionarios que, de un modo u otro, han defendido el marco constitucional ante las tentativas separatistas. Son mandos del CNI, de la Guardia Civil o altos representantes de la Justicia que en los últimos años han sido cuestionados públicamente, si es que no han sido cesados de sus cargos. Unos han recurrido a la Justicia para recuperar su posición; otros no volverán a recuperar sus destinos; y los últimos aguantan pese al desgaste público al que son sometidos.

Los partidos independentistas vascos y catalanes vienen planteado abiertamente sus pretensiones, en tanto que sus votos son necesarios para la gobernabilidad de Pedro Sánchez, ya sea para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado o para conformar la próxima legislatura: los resultados de las pasadas elecciones dieron un balón de oxígeno al líder del PSOE frente a unas encuestas que le pronosticaban una rotunda derrota.

Pero ese balón de oxígeno se sostiene en unas arduas negociaciones con una densa amalgama de partidos. Sánchez necesita el apoyo de Sumar, Esquerra, PNV, EH Bildu, Junts y BNG, cada uno con sus propias exigencias. Vozpópuli ya informó del 'antecedente Loyola', la cesión del cuartel del Ejército de Tierra al PNV, que suscita inquietud entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al entender que ya se han convertido en moneda de cambio ante las pretensiones separatistas.

La expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del País Vasco y Cataluña es una de las pretensiones comunes de los partidos independentistas. Una animadversión hacia los funcionarios que en contadas ocasiones se ha personalizado en figuras clave, que antes o después han caído en desgracia o padecido las críticas del Gobierno por su labor.

El coronel jefe de la UCO

Ese rastro de migas de pan arranca a las pocas semanas de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. El PNV se había convertido en el último eslabón para dar forma a la moción de censura contra Mariano Rajoy, hasta que los nacionalistas por fin dieron su 'sí' a Sánchez.

En vísperas de la moción de censura, el PNV había solicitado públicamente la reprobación del coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), bregado durante décadas en la lucha antiterrorista. Los nacionalistas vieron cumplido su objetivo cuando Sánchez llegó al Gobierno.

Fernando Grande-Marlaska tomó las riendas del Ministerio del Interior en junio de 2018. En agosto de 2018 cesó a Manuel Sánchez Corbí al frente de la UCO, a quien conocía de los tiempos de la lucha contra ETA. A Marlaska se le consideraba un juez inflexible contra ETA en la Audiencia Nacional y Corbí dio algunos de los golpes más sonados a la banda, como la liberación de José Antonio Ortega Lara.

Al coronel se le cesó en agosto de 2018 tras filtrarse un correo que envió a sus unidades en el que solicitaba que se congelasen las investigaciones por la falta de fondos reservados. Marlaska alegó "pérdida de confianza", al ser un puesto de libre designación. Tras su destitución, Sánchez Corbí emprendió un extenso proceso judicial contra Interior; si bien no recuperó su plaza, sí que logró fijar doctrina en el Supremo para que toda destitución, aún en plazas de libre designación, estuviera debidamente justificada.

Otro coronel destacado en la Guardia Civil

Ese fue un argumento clave para que Diego Pérez de los Cobos recuperase ante la Justicia su puesto al frente de la Comandancia de Madrid. La trayectoria de este coronel discurre en paralelo a la de Sánchez Corbí durante los años más convulsos de lucha antiterrorista. Pero la fijación del separatismo contra Pérez de los Cobos se basa en su puesto de responsabilidad en el 1 de octubre de 2017, como máximo mando al frente del operativo policial para frenar el referéndum ilegal auspiciado por el Gobierno catalán de Carles Puigdemont.

Pérez de los Cobos también se toparía con Fernando Grande-Marlaska. O quizá sería más acertado decir que el segundo lo hizo con el primero, en vista de las sentencias del Tribunal Supremo favorables al coronel. Su historial de fricciones se remonta a marzo de 2020, cuando la directora de la Guardia Civil, María Gámez, pidió a De los Cobos que le informase de las investigaciones en torno a la manifestación del 8-M en Madrid, en los prolegómenos de la pandemia del coronavirus, que afectaba a varios cargos socialistas.

Su destitución provocó una cascada de relevos y dimisiones en la cúpula del Instituto Armado, incluida la del Director Adjunto Operativo (DAO), el general Laurentino Ceña

El coronel, 'enemigo público' del independentismo catalán, se negó, alegando que sólo debía rendir cuentas ante la juez que llevaba el caso. Inmediatamente fue destituido de su cargo al frente de la Comandancia de Madrid y relegado a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. Su destitución provocó una cascada de relevos y dimisiones en la cúpula del Instituto Armado, incluida la del Director Adjunto Operativo (DAO), el general Laurentino Ceña, quien renunció a su cargo en plena polémica cuando sólo le faltaban unas semanas para pasar a la reserva.

Desde entonces, Diego Pérez de los Cobos ha trazado dos vías judiciales en base a decisiones que consideraba arbitrarias. La primera, para recuperar su puesto en la Comandancia de Madrid. El Supremo le dio la razón, considerando que su cese no estaba debidamente justificado, y este mes de agosto fue restituido con obligación a abonarle todos los complementos que dejó de percibir durante su 'destierro'. La segunda, por el bloqueo sistemático en su ascenso a general, a pesar de ser el candidato número uno en la lista elaborada por el Consejo General de la Guardia Civil. Esta misma semana el Supremo ha anunciado que deberán revisarse todas las ventanas de ascensos en las que De los Cobos fue excluido.

Paz Esteban, cesada en el CNI

Y de la Guardia Civil al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El independentismo catalán exigió las máximas responsabilidades al advertir que algunos de los líderes del procés y cargos políticos separatistas habían sido investigados con el software Pegasus, de origen israelí y que interviene todo el contenido de los teléfonos móviles. El Ministerio de Defensa y el Gobierno siempre defendieron que se había actuado acorde a la legalidad y que el uso del software espía era válido si se cumplían una serie de requisitos judiciales.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció en mayo de 2022 una comparecencia sorpresa en plena polémica por el uso de Pegasus en los teléfonos de los líderes independentistas catalanes, que reclamaban ceses en el CNI, liderado por Paz Esteban, o en el Ministerio de Defensa. Pero Bolaños no abundó en las explicaciones del Gobierno, como era previsible, sino que de forma inesperada reveló que los terminales de varios miembros del Ejecutivo -incluidos Pedro Sánchez, Margarita Robles o Fernando Grande-Marlaska- también habían sido contaminados con el software de origen israelí.

El escándalo trascendió fronteras y todos los focos se pusieron en el CNI y en el Ministerio de Presidencia. ¿Cómo era posible que se hubiera reventado la seguridad de los teléfonos del presidente y de los ministros? El Gobierno tomó una decisión radical, que no sentó nada bien en la planta noble del Ministerio de Defensa: el cese de Paz Esteban como máxima responsable de los servicios de inteligencia españoles. Otro objetivo del independentismo que caía en desgracia.

Del juicio del 'procés' a la amnistía

Guardia Civil y CNI; pero también la Justicia. El juez Manuel Marchena del Tribunal Supremo tomó las riendas de uno de los juicios más mediáticos y relevantes en la Historia reciente de España. En la bancada se sentaban los líderes del procés que no habían huido al extranjero; entre ellos, Oriol Junqueras y otros miembros del Gobierno de Carles Puigdemont, prófugo en Waterloo. El juicio se prolongó durante meses y, tras conocerse las sentencias condenatorias en octubre de 2019, Cataluña volvió a arder en llamas, como lo hizo durante el referéndum de 2017.

El independentismo catalán clamó contra la sentencia, argumentando que se trataba de un 'juicio político', mientras que otras formaciones políticas, como Unidas Podemos, criticaron la "judicialización" del caso, insistiendo en que la única vía posible para restaurar la normalidad pasaba por la negociación con los separatistas.

El PSOE, que siempre había rechazado cualquier posibilidad de amnistía a los condenados por el procés, asume ahora la interpretación de Unidas Podemos -o de Sumar-: los socialistas enmiendan la plana a la labor judicial de Marchena y del Supremo, y ya debaten abiertamente sobre la amnistía, a la que presumiblemente rebautizarán con un nombre como el de 'Ley de Alivio Penal'. Esa es una de las demandas que plantea Carles Puigdemont, prófugo reconvertido en socio estratégico para la próxima investidura de Sánchez.

Otro ataque a la Justicia

Y de la toga de Marchena a la del juez Pablo Llarena, también del Tribunal Supremo. Hostigado por el independentismo catalán, incluso en su vivienda particular, estudia la posibilidad de elevar a Bruselas una nueva orden de detención sobre Carles Puigdemont.

El juez Llarena recogió en su auto de acusación a Puigdemont que el delito de sedición derogado por el Gobierno -tal y como reclamaba el independentismo- no contenía "imprecisiones" ni tenía un encaje inadecuado con otros países europeos, tal y como habían argumentado desde la Moncloa. También apuntó que el cambio legislativo, que sustituía el delito de sedición por uno de desórdenes públicos que no consideraba aplicable a Carles Puigdemont, abría las puertas a "un contexto cercano a la despenalización" para los prófugos del procés.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue la encargada de lanzar un ataque frontal contra las valoraciones judiciales de Llarena: "Siempre pensamos que la Justicia debe administrar Justicia y la política promover los marcos para conseguir los fines que se propone en cada caso. En este, el de la convivencia en nuestro país". O lo que es lo mismo, deslegitimó su argumentación e insinuó que se había extralimitado en sus funciones.

Togas, tricornios y espías, enemigos públicos del independentismo, ya sea el catalán o el vasco; funcionarios que ocuparon puestos de responsabilidad ante los desafíos a la Constitución y que por una razón u otra han caído en desgracia o han sufrido las embestidas de las instituciones de Gobierno.

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