“Si lo digo es que no se hace”. Así contestaba Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, a la pregunta de cómo intentarán acabar con la política fiscal en la Comunidad de Madrid. El político independentista aseguraba en rueda de prensa que uno de los cuatro puntos de “preacuerdo” con el Gobierno de coalición era “acabar con el paraíso fiscal” en la región presidida por Isabel Díaz Ayuso.
Según explican a Vozpópuli fuentes conocedoras de las negociaciones, la fórmula para obligar a Pedro Sánchez a subir impuestos en la capital es a través de la Ley de Cesión, que regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y que solo requiere de mayoría simple en el Congreso de los Diputados para ser aprobada.
“El PSOE basó su campaña electoral abogando por una armonización fiscal en las autonomías sin régimen foral. Ahora tiene el apoyo de ERC, EH Bildu o Unidas Podemos para llevarlo a cabo”, explican las fuentes consultadas, que añaden que a nivel técnico la reforma está muy avanzada y no comporta dificultades.
Es a nivel político, admiten estas fuentes, donde se hallan los principales escollos. Tanto los partidos de la oposición como los círculos empresariales de la capital critican que se pretenda obligar a una “uniformidad” en política fiscal mientras que otro tipo de interferencia estatal en Educación o Sanidad se verían como un ataque recentralizador.
Sortear a la oposición parlamentaria
La vía que barajan los socios del PSOE para sortear la oposición parlamentaria es la Ley de Cesión, que a diferencia de la Ley Orgánica de las Comunidades Autónomas, que requiere de una mayoría absoluta (176 escaños), se puede modificar al ser una ley ordinaria. Esta reforma legal habilitaría subir la presión impositiva en Madrid limitando el porcentaje de bonificación en impuestos como el de Sucesiones, Donaciones o Patrimonio con una mayoría simple.
Si lograran recabar los apoyos en el Congreso, tendrían también que consultarlo con el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este paso, sin embargo, sería un mero formalismo dado que el ministerio de Hacienda ostenta el 50% de los votos y es un órgano de carácter consultivo.
Con todo, a los gobiernos regionales, como el de la Comunidad de Madrid que ya se han posicionado en contra de este “preacuerdo” de Sánchez con ERC, sólo les quedaría recurrir ante el Tribunal Constitucional la invasión de competencias autonómicas por parte del Gobierno central. Existe jurisprudencia en la materia y todo apunta a que la modificación de la ley podría ser declarada inconstitucional.
¿Globo sonda?
En este sentido, es difícil que el PSOE se preste a sucumbir a la presión de sus socios en este materia en medio de una pandemia y ante las pocas posibilidades de éxito a largo plazo. Si bien es cierto que una parte de los ministerios bajo mando socialista vieron como una “irresponsabilidad” la bajada del tramo autonómico del IRPF anunciada por Ayuso en un momento en el que las arcas públicas recaptan menos debido a los efectos de la crisis sanitaria sobre la economía, no consideran que lo más acertado sea abrir otro contencioso con el PP. Sobre todo si tienen las de perder.
Se trataría de una estrategia fraguada por Unidas Podemos para arrinconar a Ciudadanos y reforzar el bloque de investidura. Una especie de globo sonda para que los de Inés Arrimadas desistan en su empeño de tender la mano a Sánchez para poner su sello naranja en las cuentas públicas.
