Acento Public Affairs, la consultora fundada por el exministro socialista José Blanco y el exportavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados Antonio Hernando, se está preparando para asesorar a las empresas que quieran acceder a los 140.000 millones que el Gobierno va a repartir de los fondos europeos para paliar la crisis provocada por la covid.
Según publica este miércoles El Independiente, Acento ha llegado a un acuerdo con YGroup, una consultora holandesa especialidad en asuntos económicos. El objetivo es proporcionar asesoramiento a las empresas que quieran acceder al dinero de la UE.
El propio Blanco ha confirmado este hecho a El Independiente y también ha matizado que aún desconoce cómo va a ser el procedimiento de tramitación para las propuestas presentadas y la forma en la que se va a asignar el dinero. Justamente este martes se filtró el borrador, en el que se indica que será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que tenga el control total del dinero.
"Hay una oportunidad. Todo el mundo está en eso, sobre todo las grandes consultoras como Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG, Llorente y Cuenca… Todas están haciendo propuestas", explica Blanco en declaraciones a El Independiente.
El Gobierno relajará los controles en contratación pública y subvenciones
Así, en el real decreto que aprobará el Gobierno de forma inminente incluirá la relajación de los controles en materia de contratación pública y concesión de subvenciones, con el objetivo de agilizar la tramitación de los fondos europeos. Una laxitud que afectará especialmente a los contratos de menos de 200.000 euros en los que no será requisito que la empresa beneficiaria demuestre su solvencia.
Según el borrador del real decreto-ley de reformas administrativas ligadas al plan de recuperación, cuyo contenido adelantó la Cadena SER y al que tuvo acceso Vozpópuli, todos los contratos y acuerdos que se vayan a financiar con cargo a los 140.000 millones del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea se podrán tramitar de forma urgente, lo que supone una reducción generalizada de todos los plazos del procedimiento.
Para los contratos de obras de menos de 200.000 euros y los contratos de suministros y servicios de menos de 100.000, las empresas no tendrán que demostrar su solvencia. "Les podrá ser de aplicación la tramitación prevista en el apartado 6 del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público", reza el decreto.
