La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 296.000 euros para el exsecretario general de la UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, implicado en el ERE de Altadis, con responsabilidad subsidiaria de su sindicato.
Como secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT en Andalucía, Fernández Sevilla se limitó a firmar un acuerdo de bases sobre el ERE de Altadis, tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez por vulneración de sus derechos constitucionales, ya que a juicio del exsecretario, no se ha aportado a la causa toda la documentación contra él ni se le han clarificado los hechos que se le imputan.
Por ello, según Fernández Sevilla, ha dicho a la juez Mercedes Alaya que le gustaría acogerse a su "derecho a declarar", pero no puede hacerlo porque no se le garantizan la totalidad de sus derechos como imputado.
Frente a los periodistas, el imputado ha declarado que “no tiene nada que ocultar”, pero ha lamentado la falta del atestado de la Guardia Civil sobre Altadis, para estudiarlo con su abogado previa declaración.
Fernández Sevilla, que tuvo que dimitir de la secretaría general del sindicato en Andalucía en 2013 por facturas falsas presentadas por su sindicato a la junta para justificar fondos de formación, era el secretario general de la Federación Agroalimentaria en 2005, cuando tuvo lugar el ERE de Altadis.
El exsecretario ha preferido no hacer declaraciones respecto a las facturas faltas. Mientras, su abogado, Miguel García Diéguez, ha lamentado se ha lamentado de haber conocido el auto que imputa a su cliente minutos antes de entrar al despacho de Alaya, y a continuación ha mantenido un enfrentamiento dialéctico con la juez sobre los hechos de los que deseaba dejar constancia en el acta de la comparecencia. En contrapartida, la juez Alaya, le ha indicado que presente por escrito las manifestaciones que desee hacer.
CCOO
El otro sindicalista citado en los juzgados, Antonio Perianes, de CCOO y firmante del ERE de Altadis también, ha recibido la misma respuesta de la fiscalía para la fianza de responsabilidad civil de 296.000 euros.
En un escrito entregado a Alaya, Perianes mantiene, como Fernández, que hay numerosa documentación que aún no se ha incorporado a la causa y que “es de importancia” para fundamentar cualquier responsabilidad, como el atestado de la Guardia Civil sobre Altadis, parte de los informes de la Dirección General de Seguros y otras diligencias ya acordadas.
El abogado de Perianes pidió a la juez Alaya que suspendiese la declaración para garantizar “el correcto ejercicio del derecho a la defensa” dado que la incorporación de esos documentos “es imprescindible para argumentar la defensa”.
Al no haber sido así, el sindicalista se ha acogido a su derecho a no declarar "por estrictas razones de carácter procesal, en el entendimiento que una vez se tenga plenamente cumplimentado e incorporados todos los informes requeridos" pedirá comparecer voluntariamente, según el escrito.
