Medio centenar de presuntos narcotraficantes extranjeros apresados en buques fuera de aguas españolas deberán volver a prisión después de que este miércoles el Tribunal Supremo haya anulado sus excarcelaciones dictadas por la Audiencia Nacional en virtud de la reforma de la justicia universal. La decisión ha sido tomada por el Pleno de la Sala de lo Penal del TS, que ha declarado por unanimidad que España es competente para investigar los llamados 'narcobarcos' y ha revocado el criterio de la Audiencia Nacional que llevó a archivar estas causas y a excarcelar a 53 marineros detenidos con drogas.
Actualmente hay 49 presuntos narcos en libertad que deberán ingresar en prisión cuando, de acuerdo con la decisión del Supremo, la Audiencia Nacional ordene su detención, según informa Efe. De ellos, 47 fueron excarcelados por la Audiencia Nacional y otros 2 por un juzgado de Canarias, que en un principio dictó la liberación de seis, de los cuales cuatro ingresaron luego en prisión por orden del juez de la Audiencia Eloy Velasco.
La reforma de la justicia universal aprobada en febrero por el Congreso con los votos del PP forzó la liberación de estos presuntos narcotraficantes, de nacionalidad siria, marroquí, egipcia, turca, brasileña y ghanesa. Todos fueron detenidos con droga (cocaína o hachís) en buques cerca de las costas españolas pero a más de doce millas del litoral, es decir, fuera del mar territorial.
Las primeras excarcelaciones las decretó el juez Fernando Andreu el 8 de abril, casi un mes después de que, el 15 de marzo, entrara en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limita la capacidad de los tribunales españoles para juzgar hechos ocurridos fuera del territorio nacional.
Las nuevas condiciones para juzgar estos delitos
La reforma establece dos requisitos para poder perseguir delitos de tráfico de drogas cometidos fuera de España: que el procedimiento se dirija contra un español o cuando "se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio español". De esta manera, los jueces de la Audiencia Nacional habían interpretado que sólo se les podría juzgar si son españoles o la droga tiene como destino este país, lo cual no había quedado acreditado en estos casos.
Por ello, Andreu, que tachó de "chapuza" la reforma, tomó la decisión de excarcelar a siete narcos egipcios detenidos el 6 de marzo cerca de Almería en un barco pesquero con casi 10 toneladas de hachís. A la liberación de los egipcios le siguió la excarcelación decidida el 28 de abril por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 13 marroquíes interceptados en un barco en el mar de Alborán con 16 toneladas de hachís.
El pleno se volvió a reunir el 9 de mayo y decidió excarcelar a otros siete sirios que estaban a punto de ser juzgados y confirmó la liberación de otros ocho presuntos narcotraficantes de la misma nacionalidad decretada días antes por el juez Javier Gómez Bermúdez.
Los siete primeros fueron apresados en un barco con ocho toneladas de hachís cuando navegaban por el mar de Alborán y cuyo destino era Alejandría (Egipto), y los otros ocho sirios fueron arrestados en un barco situado en la misma zona con 12 toneladas de hachís.
Sin embargo, tres de los dieciséis jueces emitieron un voto oponiéndose a la liberación, en el que sostenían que una frase de la ley puede ser interpretada de manera que España puede perseguir estos delitos, y luego otro en el que insistían, con otros argumentos, en que la jurisdicción española es competente. Tras la decisión del pleno, el juez Pablo Ruz decidió el pasado 19 de mayo poner en libertad a otros siete sirios detenidos en una embarcación con 16 toneladas de hachís cerca de la isla de Alborán.
Días después, el 28 de mayo, su colega Ismael Moreno excarceló a otros cuatro narcotraficantes turcos apresados en un barco pesquero a 60 millas al sur de Almería con doce toneladas de hachís.
Por otro lado, un juzgado de Las Palmas liberó a seis narcos, un caso que fue asumido por el juez Velasco, que los puso en busca y captura al entender que sí puede investigarlos porque Canarias era el destino de los 486 kilos que transportaban en el barco. Cuatro de ellos están ya en prisión, aunque los otros dos continúan en libertad en paradero desconocido.
