La inmigración irregular es una problemática en aumento y supone un reto para los estados. Así lo reflejan los datos y lo reconocen España y la UE. Nuestro país fue el segundo en Europa en recibir más inmigrantes irregulares en 2023, solo por detrás de Italia. El año pasado, llegaron 56.852 personas, y de ellas, 5.151 menores de edad. Canarias es, con diferencia, el territorio con las cifras más altas.
En España, esta cuestión ha copado en los últimos meses el debate político y los choques entre el PSOE y el PP, con el Gobierno canario de por medio. El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende forzar el reparto de 'menas' entre todos los territorios del Estado con la reforma de la Ley de Extranjería; sin embargo, a pesar de que en las comunidades del PP se han aceptado los cupos, el partido de Alberto Núñez Feijóo no ve con buenos ojos esta solución, aunque continuará sentándose en las reuniones para llegar a un acuerdo durante los próximos meses.
Canarias, por su parte, suplica ayuda para no colapsar con las miles de llegadas al año: 39.910 el año pasado, un aumento del 154,5%. España comparte el reto migratorio con la Italia de Giorgia Meloni, a la cabeza en llegadas de toda Europa, aunque difiere en la manera de gestionar este asunto: Sánchez opta por admitir a los inmigrantes e integrarlos en la sociedad; Meloni es más cautelosa y plantea aceptar inmigrantes por cuotas pero dificultar la llegada de los mismos.
La UE se posiciona y cree que "los inmigrantes son un desafío común, cuanto más cooperemos, más resultados obtendremos".
La exitosa fórmula italiana
Meloni ha encontrado una fórmula que ha reducido en un 60% las llegadas a sus costas, y que ha sido elogiada por Feijóo. Principalmente, se trata de cooperar con los dos países principales de origen de estos inmigrantes, Túnez y Libia, y destinar grandes cuantías económicas para frenar las salidas en origen.
El Gobierno italiano, junto con la UE, ha dado 250 millones de euros a Túnez y el país, en contraprestación, ha aumentado la represión de la guardia costera. Esto ha provocado que la ruta del país hacia Italia se haya visto aliviada en un 70% del tráfico de inmigrantes.
Además, ha llegado a un acuerdo inédito y ha conseguido que la UE permita que Albania, país no miembro, acoja en dos centros -financiados y gestionados por Italia- a los inmigrantes rescatados por Italia. Este plan hace casi un año que comenzó a trazarlo. Los inmigrantes allí esperarán a que sus expedientes de asilo se resuelvan positivamente o a ser devueltos a su país de origen. Estos costarán a Italia 670 millones de euros en 5 años.
Meloni se ha mostrado dura con la inmigración, pero sí ha admitido que "Italia y Europa tienen necesidad de inmigrantes, pero no podemos dar la señal de que los que entran ilegalmente serán recompensados". De hecho, su Ejecutivo aprobó el ingreso de casi medio millón de inmigrantes regulares extracomunitarios en un periodo de tres años, hasta 2025.
La percepción de los españoles
El elefante está en la habitación y así lo refleja el CIS en su último barómetro, que desvela que en los últimos meses los españoles perciben la inmigración como el principal problema de España. Es decir, en el imaginario colectivo está calando que la llegada de inmigrantes es un problema que puede afectar al país. Sin embargo, el barómetro sí especifica que, a pesar de esto, no es el problema que los españoles creen que más les afecta: en ese caso está en noveno lugar, con los problemas económicos, la sanidad, los relacionados con la calidad en el empleo y la vivienda por delante.
Este escenario se debe a varios motivos que, aunque no niegan que el problema sea real y necesite de voluntad y acción política -tanto dentro de nuestras fronteras como fuera-, no es una problemática que los ciudadanos vean más acuciante en su día a día que el precio del alquiler o el coste de los alimentos.
Uno de los motivos de este 'espejismo' es el rifirrafe político que, en los últimos meses, ha dinamitado el debate migratorio, especialmente con el escenario de las llegadas masivas de inmigrantes a Canarias. Y, en especial, las idas y venidas de PSOE y PP sobre la fallida reforma de la Ley de Extranjería.
Otro motivo es el impacto mediático, que ha sido alto en este asunto y ha amplificado el debate. Además, las redes sociales han jugado también su papel y han polarizado las posiciones en este tema.
Sin duda, el problema real al que se enfrenta Canarias y que afecta al resto del país es acuciante y merece ser tratado como una prioridad. Tras el inicio del curso político en septiembre, durante los próximos meses las bambalinas políticas se moverán y los partidos y el Gobierno tendrán que tejer acuerdos para solucionar un problema que preocupa a todos los grupos políticos en el Congreso, sin excepción.
