Los servicios de Inteligencia españoles han detectado la aproximación de agencias extranjeras a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para reclutarlos y, así, obtener información sensible de sus respectivas bases de datos. El objetivo de la contrainteligencia española pasa por neutralizar estos intentos de captación, que ponen en riesgo la seguridad nacional y la de los organismos internacionales de los que forma parte nuestro país. Fuentes de seguridad señalan que otros países aliados han sufrido amenazas similares.
Según el Informe Anual 2020 elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional -integrado directamente en Moncloa y con funciones de asesoramiento al presidente del Gobierno-, la presencia de “servicios de inteligencia hostiles” supone una “amenaza” para las Fuerzas Armadas y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que engloban a Policía Nacional, Guardia Civil y todos los cuerpos autonómicos y locales.
“La principal amenaza detectada en relación a los servicios de inteligencia hostiles es el acceso a la información de alto valor contenida en las bases de datos militares y policiales mediante la aproximación a miembros de estas organizaciones”, detalla el informe del Departamento de Seguridad Nacional, recientemente publicado. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) trata de detectar estos intentos de captación y reclutamiento, que también se han detectado en otros países aliados.
Los servicios de inteligencia españoles consideran especialmente delicadas todas las aproximaciones a personal que esté integrado en “organismos supranacionales fuera de España”. Según fuentes de seguridad consultadas por Vozpópuli, esta referencia apunta a los ciudadanos españoles que se desempeñan en instituciones como la Unión Europea o la OTAN, y que todos los países integrados en las mismas trabajan en las mismas medidas de contrainteligencia para evitar la captación de los suyos.
Quién intenta captar y cómo
Estas injerencias exceden la concepción habitual de espionaje. No sólo son Estados no afines los que tratan de acceder a información sensible; también hay grupos internacionales con intenciones terroristas o criminales que tienen la fuerza suficiente como para intentar llevar a cabo las captaciones entre personal vinculado a cuerpos militares o policiales. Una aproximación -detallan las mismas fuentes- que puede realizarse por diversos modos: otorgando algún tipo de beneficio, sin necesidad de ser económico, al personal al que se intenta captar; o mediante coacciones o amenazas.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, “una de las prioridades del CNI” es el “seguimiento y control” de las actividades que llevan a cabo los servicios de inteligencia extranjeros en España. Sus objetivos son alterar la “estabilidad política, social y económica” o lesionar la “soberanía e integridad territorial”. También se ha potenciado la vigilancia sobre personal extranjero “no aliado” que esté en territorio nacional, ya sea civil o militar.
El informe del DSN
280 páginas constituyen el informe redactado por el Departamento de Seguridad Nacional en el que describen los principales retos y actuaciones de 2019. En él se abordan asuntos como el terrorismo, crimen organizado o la seguridad marítima, del espacio aéreo o del ultraterrestre. Las referencias a los intentos de captación de ciudadanos españoles forman parte del capítulo sobre contrainformación.
El documento, además, discurre durante diez páginas sobre el riesgo que representan las epidemias para la seguridad nacional. La explosión del coronavirus ha tenido lugar en 2020, pero en el informe ya se advierte de que los "cambios globales", "volumen creciente de viajes", las "nuevas formas de consumo" y el "cambio climático" suponen una amenaza para la salud pública: "En concreto, por microorganismos patógenos capaces de generar epidemias y pandemias". Un aviso casi profético sobre lo que ha supuesto la irrupción de la covid-19 en el mundo.
