Eran los tiempos de la ‘Andalucía Imparable’, el eslogan de la Junta de Andalucía que hoy tiene connotaciones muy distintas a las que pretendía el gobierno socialista de los primeros 2000. Imparable e insaciable fue la corrupción. La hemorragia de millones que se llevó el entramado de la época de los ERE y de la Faffe indignan tanto como los detalles que, gracias a las investigaciones, están sacando a la luz una indecencia impúdica.
La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) se creó en 2003. Aquel año, la tasa de desempleo superaba el 20% en diciembre. Trabajo no le iba a faltar a la entidad. Su objetivo inicial era reciclar y formar a desempleados en Andalucía. Sin embargo, lo que prometía ser una entidad pública destinada al bien común, terminó convirtiéndose en un símbolo de corrupción, despilfarro y clientelismo político.
La historia de la Faffe tiene numerosos personajes y escenarios. Pero el emblema de este vergonzante capítulo es el de Fernando Villén pagando con una tarjeta de la entidad que recibió cientos de millones de fondos públicos en un puticlub llamado Don Ángelo en Sevilla. No es delirio, ni acusación, es materia de una resolución judicial.
Bajo la dirección de Fernando Villén, quien dirigió la entidad hasta su desmantelamiento en 2011, la Faffe fue un refugio para familiares, amigos y políticos cercanos al PSOE, con un entramado de contrataciones opacas, despilfarros y desvío de fondos que hoy se investiga como una de las mayores redes de corrupción en Andalucía.
Las últimas pesquisas de la Guardia Civil se basan en la contratación de familiares, amigos y afines políticos. Hay más de 200 personas que fueron enchufadas y que recibieron un puesto de trabajo a pesar de no tener “experiencia profesional”, pero ser “mi sobrina”, como revela uno de los emails que la UCO ha rescatado.
La caja de pandora que abrió el pecado original
El caso estalló tras el desmantelamiento de la fundación en 2011. La Junta de Andalucía decidió integrar a sus 1.667 empleados de la Faffe en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Pero no fue hasta varios años después, cuando los medios comenzaron a destapar el escándalo de las tarjetas opacas de Villén y otros directivos. Según las investigaciones, Villén y otros dirigentes utilizaron fondos públicos no solo para viajes y hoteles, sino también para gastos en clubes de alterne. En total, se calcula que se despilfarraron unos 32.566 euros en prostíbulos como el club Don Ángelo de Sevilla (en el que se pagaron 25.277 euros).
Ese dinero se intentó camuflar en la contabilidad de la entidad con la complicidad de Ana Valls, la directora económica-financiera. Se suponía que el dinero que formaba parte de “relaciones comerciales” se devolvía en metálico. Pero nada ha podido demostrarse ante la justicia que hace un año condenó con un jurado popular que presidía la jueza Mercedes Alaya a 6 años de cárcel al exdirector general, Fernando Villén. Pero este es solo un capítulo de la trama. El que abrió la caja de pandora.
A lo largo de su existencia, la Faffe se convirtió en una gigantesca estructura de colocación de afines al partido socialista, sindicatos y amigos del poder. Desde su creación, la fundación fue avivada con más de 252 millones de euros de fondos públicos, que lejos de ser destinados exclusivamente a la formación de desempleados, sirvieron para nutrir una red clientelar que alcanzó todos los rincones de la administración andaluza.
Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, hasta 200 personas con vínculos directos con el PSOE, UGT y CCOO fueron contratadas por la fundación sin ningún proceso transparente de selección. Entre los beneficiados se encuentran antiguos alcaldes socialistas, familiares de altos cargos del gobierno andaluz y miembros de sindicatos afines. Pero no se benefició solo a personas, entidades como la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía obtuvo bonificaciones por unos 60.000 euros entre 2009 y 2011.
Las pruebas encontradas por la UCO revelan que las contrataciones en la Faffe no respondían a ninguna necesidad real de trabajo, sino más bien a intereses personales y políticos. Correos electrónicos intervenidos muestran cómo los altos responsables de la fundación recibían currículums de familiares de cargos públicos o allegados, que luego eran contratados sin ninguna experiencia ni méritos. "Te envío el currículum de mi sobrina”, decía un email interno proponiendo la contratación, "como verás no tiene experiencia laboral apenas, pero te puedo asegurar que es despierta y desenvuelta y con muchas ganas de aprender". Con eso era suficiente para tener un puesto en la región con más paro de España. Ya sabes, la Andalucía Imparable.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha señalado en una denuncia a 85 personas contratadas por puro “clientelismo político o nepotismo". Entre los nombres que aparecen en las listas facilitadas por el sindicato y la UCO destacan figuras como Antonio Torres, exalcalde socialista de Lebrija. Torres es otro de los protagonistas de esta red de tramas de Sodoma y Gomorra administrativa.
Antonio Torres fue alcalde de Lebrija. Tras perder las elecciones fue nombrado director de Relaciones Externas de la Faffe, un puesto creado para él, la Faffe como caladero y descanso de los héroes caídos. "Ni siquiera acudía a la sede de la fundación, ni desempeñaba trabajo alguno", explicita el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que ahora está desenmarañando las contrataciones.
Torres, como muchos otros, fue contratado con un salario anual de 46.750 euros, un contrato que se prorrogó hasta la disolución de la entidad en 2011. Imagina, una nómina de más de dos mil euros con 14 pagas por no hacer nada. La ‘Andalucía Imparable’ abruma al sueldo Nescafé o al cuponazo de la ONCE.
Otros políticos beneficiados incluyen a Santiago Castro, exalcalde de Espejo, familiares de Fernando Villén, y parientes de destacados miembros del PSOE, como Juan Espadas, el exalcalde de Sevilla, cuya mujer tuvo que testificar. También familiares de concejales de otros municipios y altos cargos de la Junta, como Luis Pizarro y Gaspar Zarrías, formaron parte de este entramado. Durante años, la Faffe se sentía impune como agenda de colocación y festejos.
Fracción de contratos y quemar después de leer
También los contratos que hacía la Faffe eran una obra de ingeniería que, con el tiempo, es chapucera. Para la adjudicación directa y a dedo, se procedía al fraccionamiento de los importes para evitar controles y poder otorgar sin concurso público ni competencia. "Para evitar superar el límite de 12.000 euros y con ello poder recurrir a una adjudicación directa, se propone fraccionar el contrato en tres de menor importe", se lee en uno de los informes de la Guardia Civil.
Otro de los síntomas del entramado es hacer desaparecer las pruebas. El quemar después de leer de toda la vida. La UCO ha acreditado en su investigación la destrucción masiva de correos electrónicos en los despachos de los directivos de la fundación, en un intento de borrar cualquier evidencia incriminatoria. "Lo primero que llama la atención es la ausencia de correos en las cuentas de los responsables de la Fundación". Este borrado sistemático, según las investigaciones, fue ordenado por los propios directivos para eliminar pruebas comprometedoras.
Es previsible que la trama continúe ofreciendo nuevos capítulos. El caso sigue abierto, con varias causas judiciales en curso. Fernando Villén ya ha sido condenado a seis años de cárcel por malversación de fondos públicos, y la Fiscalía solicita penas adicionales para él y otros implicados, como Antonio Torres. La sombra de la Faffe sigue enturbiando la política andaluza.
