La Fiscalía pone como ejemplo al Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana en la compra de material sanitario durante la crisis del coronavirus. En el escrito en el que pide el archivo de todas las causas abiertas contra el Gobierno por su gestión de la pandemia, el Ministerio Público considera que las órdenes que tramitó el departamento de José Luis Ábalos para la adquisición de material ponen de manifiesto las "dificultades halladas" en el mercado internacional. Compras que, no obstante, no estuvieron exentas de polémica: principalmente, por el retraso en la entrega de mascarillas a algunos sectores que dependen de Transportes y por las preguntas parlamentarias dirigidas a Ábalos por los contratos adjudicados.
En su informe de 310 páginas sobre la investigación de las 20 querellas impuestas al Gobierno sobre la gestión de la pandemia, todas ellas archivadas, el Ministerio Público utiliza las compras de material sanitario realizadas por el equipo de José Luis Ábalos como evidencia de los problemas para el suministro de mascarillas.
"Claro ejemplo de las dificultades que existieron en relación a la adquisición de equipos de protección individual, particularmente de mascarillas, resulta la propia orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes en que se venía a disponer la necesidad de tramitar por el procedimiento de emergencia la adquisición de los equipos de protección individual", explica la Fiscalía.
Una disposición que habilitaba al equipo de Ábalos a la compra de ocho millones de mascarillas protección FFP2. En este sentido, la Fiscalía también recuerda una segunda compra, seis días después y que se recoge en la orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, en la que se autoriza una segunda adquisición de cinco millones de mascarillas con el mismo nivel de protección por parte del Ministerio de Transportes. ADIF y Puertos del Estado centralizaron estas adjudicaciones, por valor de 24,5 y 12,5 millones, respectivamente.
Pregunta en el Congreso
Las adjudicaciones recayeron en Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., una pequeña empresa con sede en Zaragoza. La página web de la firma no detallaba ningún proyecto desde 2017, aunque sí ofrecían información sobre actividades en África. Concretamente, en Angola.
La sociedad estaba administrada por Purdey Investment S.L., tras la cual se encuentra un empresario que figura en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que investigó los Papeles de Panamá, supuestamente por tener empresas offshore en Malta. Otro Ministerio, en este caso el de Interior, también compró mascarillas a esta firma. En total, tres contratos por valor de 40 millones de euros.
El grupo parlamentario Vox elevó una batería de preguntas al Gobierno sobre los acuerdos firmados con esta empresa. El Ejecutivo aseveró que la sociedad estaba al tanto de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, y que por lo tanto "no consta" que incurra en ninguna de las causas que inhabilitan para contratar con el sector público.
Baile de mascarillas en Correos
No fue la única polémica con la que tuvo que lidiar Transportes a partir de sus compras y reparto de material sanitario. El Ministerio prometió dos millones de mascarillas a Correos durante los primeros compases de la pandemia; un material sanitario que se demoró y que obligó a la empresa pública de mensajería a saltar al mercado para adquirirlo por su propia cuenta, como informó Vozpópuli.
Los sindicatos de Correos mantuvieron una reunión con la dirección de la empresa de mensajería en la que pidieron explicaciones sobre los contratos firmados de material sanitario: no comprendían las dificultades de Correos para encontrar mascarillas y que, al mismo tiempo, las estuvieran vendiendo a Interior.
Así, la Fiscalía cita en su informe al Ministerio de Transportes en hasta cuatro ocasiones como "claro ejemplo" de las dificultades que se encontró el Gobierno para la adquisición de material sanitario durante la pandemia. Así, el Ministerio Público rechaza que se investiguen las 20 querellas presentadas contra el Ejecutivo porque, a su juicio, su respuesta fue "idónea y razonable para contener la pandemia".
