La investigación abierta contra Juan Carlos I en la Fiscalía del Tribunal Supremo encara semanas determinantes. Los fiscales que dirigen las tres líneas de investigación abiertas contra el Rey Emérito por el patrimonio oculto en el extranjero estudian su archivo antes de que termine el plazo de instrucción en diciembre y tengan que emitir una nueva prórroga. Los motivos residen en la prescripción de los delitos, su inviolabilidad antes del ejercicio 2014 y las regularizaciones fiscales llevadas a cabo.
Tal y como adelantaba el diario El Confidencial, el archivo de estas causas no implica sobreseimiento judicial ya que se trata de vías de investigación abiertas únicamente en Fiscalía. De hecho, agotado el plazo de la instrucción, el Ministerio Público tendría que decidir si archiva las pesquisas o, al contrario, redacta una querella que se presentaría ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por tratarse de una persona aforada.
Fuentes fiscales consultadas por este diario explican que los fiscales al frente de la investigación -que dirige el teniente fiscal del alto tribunal Juan Ignacio Campos- estarían revisando la última documental adherida a las líneas de investigación abiertas y que procede, en su mayoría de la Agencia Tributaria. Otras fuentes precisan que las diligencias siguen su curso y que se sigue trabajando todavía en esta investigación "con todo rigor eficiencia y exhaustividad".
Posible regreso a España del Emérito
El archivo de estas líneas de investigación dirigidas por la Fiscalía que dirige Dolores Delgado abriría la puerta también a que el monarca se planteara regresar a España tras su exilio a Emiratos Árabes Unidos en verano de 2020. Desde entonces, la Fiscalía del alto tribunal -que ha trabajado en colaboración con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón- ha abierto un total de tres causas relativas todas ellas al patrimonio amasado por el Emérito en Suiza, así como el uso de unas tarjetas opacas y el presunto hallazgo de una fortuna oculta en la isla de Jersey.
La primera de las diligencias se abrió a tenor de las confesiones de Corinna Larsen al comisario José Luis Villarejo en las que dejó la pista sobre el cobro de comisiones en la adjudicación al consorcio español de las obras del AVE a La Meca. Aunque la Audiencia Nacional rechazó investigar estos hechos apuntando a una inviolabilidad del Rey Emérito, Anticorrupción inició una investigación por separado para esclarecer si los empresarios que se adjudicaron el contrato pagaron dádivas al país árabe y si el entonces Jefe del Estado recibió comisiones por su mediación.
El asunto acabó en manos del alto tribunal, al tratarse Juan Carlos I de una persona aforada, aunque también se indaga en la Fiscalía de Suiza. Las autoridades helvéticas han remitido documental sobre sus cuentas ocultas en las que gestionó la donación de 65 millones de euros por parte del rey Abdalá Bin Abdelaziz. Las segundas diligencias se abrieron también en la Fiscalía Anticorrupción en relación al uso presuntamente irregular por parte de varios miembros de la Familia Real de unas tarjetas opacas al fisco.
En este caso, los hechos se produjeron entre los años 2016 y 2018, es decir, cuando ya había abdicado en favor de su hijo Felipe VI. Estas segundas pesquisas -también asumidas por el Supremo- permitieron esclarecer que la cuenta de la que dependían los plásticos estaban administrada por el excoronel del Ejército del Aire Nicolás Murga y que el dinero provenía del empresario mexicano Allen Sanginés-Krausse. Al respecto, la defensa del Emérito, que ejerce el abogado Javier Sánchez-Junco, comunicó en diciembre del año pasado y febrero de este ejercicio, dos pagos al fisco de 5 millones de euros.
Asunto complejo y trascendente
El primero de ellos consistió en una regularización (según recalcó "sin previo requerimiento") de 678.393,72 euros. La segunda fue de 4,4 millones de euros en relación con los gastos por viajes privados y servicios que realizó el Rey y que habría asumido la Fundación Zagatka. Pese a que su defensa siempre ha insistido en que estas regulaciones se efectuaron con antes de cualquier notificación por parte del fisco, el Ministerio Público apuntó a que sí se habían notificado dichas pesquisas.
Con todo, en los últimos meses la Fiscalía del alto tribunal abrió una tercera investigación no judicializada a tenor de un aviso del Sepblac en relación a una fortuna también del Emérito que habría ocultado en Jersey. Aunque la alerta llegó a Anticorrupción, la causa se abrió directamente en la Fiscalía del Supremo al acumular ya otras dos líneas en relación a la gestión de su patrimonio en el extranjero. Desde el órgano que dirige Dolores Delgado siempre se ha insistido en que se trata de un asunto complejo y de "trascendencia institucional" que hizo que se formara un equipo de cinco fiscales bajo la batuta de Campos .
En concreto, en las diligencias que ahora parecen llegar a su fin han participado un equipo de tres fiscales del alto tribunal especializados en Derecho penal económico (Paloma Iglesias, José Antonio del Cerro y Juan Carlos López), además de la fiscal de Sala Rosa Ana Morán Martínez, de la Unidad Especializada de Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía.
