La Fiscalía de Madrid incluye severas críticas a la juez Carmen Rodríguez-Medel que investiga al delegado del Gobierno José Manuel Franco por autorizar manifestaciones antes del estado de alarma como la del 8-M. En el recurso en el que pide el archivo de la causa, el Ministerio Público acusa a la magistrada de vulnerar el estado de alarma al investigar al cargo socialista cuando no era urgente.
Según el escrito de la Fiscalía de Madrid, “la apertura de diligencias previas y el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante el estado de alarma que genera indefensión” al delegado del Gobierno de Madrid. “Consideramos que si las actuaciones no eran urgentes, no debieron incoarse la diligencias previas”, se queja.
No obvian los fiscales que “la dificultad que conlleva interpretar” lo dictado para la justicia en el real decreto con el que el Gobierno decretó el estado de alarma, pero insiste en que la juez “carecía de habilitación legal” para empezar a investigar. La Fiscalía recuerda que en el resto de tribunales esa norma de no tramitar los asuntos urgentes si se cumplía por lo que el delegado del Gobierno de Madrid no pudo presentar un recurso contra su imputación hasta el 4 de junio que reactivaron los plazos.
"Momento procesal inadecuado"
Eso son tres meses después de que iniciase el caso en el que se han presentado varios informes policiales de la Guardia Civil que han resultado polémicos. Sobre ellos no hace ningún comentario la Fiscalía a lo largo de sus 23 folios de escrito. “Estimamos que el auto (por el que la juez inició las investigaciones) es nulo, dado que se dictó en un momento procesal inadecuado y en cuanto vulneró la tutela judicial efectiva”, del Delegado del Gobierno.
La Abogacía del Estado ya criticó a la magistrada por ordenar la redacción de los informes antes de que se reanudaran los plazos procesales. A su juicio, dichas actuaciones perjudican a su defendido, porque "no puede defenderse ni combatir procesalmente esas resoluciones".
La Fiscalía recuerda también que la denuncia original iba dirigida contra muchos delegados del Gobierno de otras regiones y que solo le importó lo que afectaba a Franco. Reprocha a la juez un doble rasero al instar al denunciante a que acudiera a los juzgados regionales correspondientes. Desde el Ministerio Público creen que si vio delito en el caso de Madrid, también debía haberlo visto en el resto y en ese caso tendría que haber sido ella la que remitiese la denuncia por los juzgados de toda España.
“Hubiera resultado consecuente remitir a cada uno de los territorios la denuncia presentada a fin de que el resto de tribunales pudiera pronunciarse acerca de su admisión”, dice el escrito en el que la Fiscalía llega a especular con que lo hizo para poder seguir investigando a Franco: “Pudiera haber ocurrido que con la inhibición, los juzgados territorialmente competentes rechazaran de plano la denuncia produciéndose la paradoja de que con esa denuncia inicial solo se encontrara imputado el Delegado del Gobierno de Madrid”.
No se podía saber
En cuanto al fondo, la tesis de la Fiscalía no ve indicios de prevaricación porque no existe ninguna ley que obligue al delegado del Gobierno a suspender una manifestación y se abona a la teoría de que cuando se autorizó la manifestación del 8-M no se podían saber los riesgos de contagio. “La declaración por la OMS de la covid-19 como pandemia se produce el 11 de marzo de 2020. Con tal escenario, nacional e internacional, pretender que el investigado conocía que con una actuación diferente a la realizada habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad resulta prácticamente inverosímil”, dice el escrito.
Descarta el Ministerio Público que existiera ninguna orden por parte del Gobierno para preservar la celebración de la marcha feminista y además asegura que no cree que se vaya a encontrar en esta investigación: “La posible existencia de una hipotética orden emitida por el Gobierno de España que el Delegado del Gobierno tuviera inexorablemente que cumplir; debe, no obstante, resaltarse que la hipótesis lanzada en el auto de admisión a trámite de la denuncia, no encuentra apoyo en dato indiciario alguno”.
El Ministerio Público incluye varias alusiones a la administración de la Comunidad de Madrid que dirige la popular Isabel Díaz Ayuso a la que responsabiliza de la labor de haber suspendido la marcha. Insiste en que el Delegado del Gobierno no tiene competencias en materia sanitaria y que en Madrid eso depende de la Consejería. Además, recuerda que después del informe de la OMS del 2 de marzo en el que se desaconsejaban aglomeraciones (uno de los argumentos de la acusación) hubo otro de la Comunidad en el que no hacían siquiera mención a manifestaciones.
Franco y una batería de testigos están citados para esta semana en el juzgado. Esta es la primera vez que la Fiscalía se pronuncia en esta causa después de que lo hiciera en el mismo sentido la Abogacía del Estado.
