La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado a la magistrada que investiga el rescate de Plus Ultra, Esperanza Collazos, que desbloquee el préstamo participativo de 34 millones de euros que tiene pendiente de recibir la aerolínea. Lo hace después de que la defensa legal de la firma haya razonado ante el juzgado la necesidad de recibir este tramo final del paquete de 53 millones de ayudas comprometidos por el Gobierno para poder cumplir con su plan de viabilidad.
Ahora el Ministerio Público hace suyos estos argumentos, recuerda que el compromiso del rescate lleva adherido un control continuo a Plus Ultra y se hace eco de los informes que obran en la causa en relación a que el impacto económico de no reactivar el préstamo suspendido sería de 365 millones de euros en término de facturación. Dichas valoraciones, elaboradas por DC Advisory a requerimiento de la SEPI, recogen también que se generaría una pérdida de empleo de más de 400 personas, lo que convierte en "imprescindible" la entrega de la ayuda pública.
El Ministerio Público se alinea de esta forma con la Abogacía General del Estado la cual se pronunció en contra de la suspensión del préstamo participativo de 34 millones de euros. Los servicios jurídicos del Gobierno solicitaron a la magistrada Collazos que no bloqueara el desembolso final de esta ayuda (ya se abonaron los primeros 19 millones del préstamo ordinario) ante el temor de que Plus Ultra no pudiera cumplir con lo acordado en el plan de viabilidad. De lo contrario, se produciría un "quebranto" para las arcas públicas.
La Fiscalía, por su parte, no fue tan lejos y apuntó que era necesario que Plus Ultra justificara los motivos por los que necesitaba con tanta urgencia el pago de esta cuantía que iba a hacer efectivo la SEPI el pasado miércoles. Sin embargo, y tras estudiar toda la documental aportada a la causa, la fiscal María Luisa LLop advierte de la necesidad de que la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid levante la suspensión cautelar adoptada la pasada semana.
Clientes y acreedores, los perjudicados
"Debe hacerse alusión al informe presentado por la compañía en la solicitud de levantamiento de la suspensión en el que se menciona que, del total de los cerca de 50 millones de euros de pasivo del balance de Plus Ultra, los clientes, por el anticipado de billetes de avión, y los acreedores comerciales, suponen un 80% por lo que una eventual situación de iliquidez de la compañía dejaría a dichos colectivos como principales perjudicados", razona la fiscal.
La Fiscalía insiste en que el préstamo tiene como objetivo cubrir las pérdidas ocasionadas por el covid en los ejercicios 2020 así como en los dos siguientes. Sin embargo, las acusaciones que forman parte de este procedimiento cuestionan la idoneidad de esta ayuda aprobada en marzo por el Gobierno al tratarse de una compañía que registra pérdidas desde su creación. La juez, que investiga si se ha cometido delito de fraude en las subvenciones y malversación con esta entrega de fondos públicos, paralizó el rescate de manera cautelar a la par que ordenó un peritaje independiente y reclamó a Hacienda datos clave de la compañía.
Mientras, tanto, la defensa legal de la aerolínea cumplió con lo exigido por el juzgado y esta misma semana entregó un escrito solicitando el desembolso de la ayuda y, junto con él, un peritaje elaborado por el auditor de cuentas Julio César Calvo, de acuerdo con la documental a la que ha tenido acceso Vozpópuli. La aerolínea explicó que el préstamo no es "un regalo de fondos públicos sin criterio alguno" sino que irá destinado al pago de nóminas, de impuestos a gastos operativos y necesidades de liquidez.
"No supone un quebranto"
La mercantil, que ya "suplicó" a la magistrada que no dejara en el aire el segundo pago de la ayuda de 53 millones, recordó también que el reintegro venía "expresamente garantizado" por un derecho de prenda
constituido en favor de la SEPI sobre las participaciones sociales de Plus Ultra. De modo que, en caso de incumplimiento, el Gobierno podría quedarse con la compañía, tal y como avanzó este diario. Ahora la Fiscalía recoge este mismo argumento en su escrito y añade que se establecen unas garantías "adecuadas y suficientes" para que se cumplan los objetivos pactados.
Además, recuerda las obligaciones de información pactadas de carácter mensual, semestral y anual. "La gestión económica del fondo a través del Consejo Gestor estará actualmente fiscalizada y se podrá comprobar cualquier irregularidad en relación con la concesión de las ayudas. En este punto debe tenerse en cuenta que con fecha 5 de julio de 2021 se ha emitido un informe por la Intervención General de la Administración del Estado en el que se concluye que la concesión y desembolso del préstamo a Plus Ultra no supone un quebranto patrimonial al Estado", sentencia el Ministerio Público.
