La Fiscalía ha ampliado su lista de acusados en el caso Bankia y ha exculpado al Banco de España de la debacle de la entidad liderada entonces por Rodrigo Rato. Aunque ha señalado reiteradamente al supervisor en su escrito de acusación, la representante del ministerio público ha adjudicado toda la responsabilidad al expresidente de la entidad bancaria y su consejo de administración.
La fiscal Carmen Launa ha presentado sus conclusiones ante el tribunal que juzga la causa en la Audiencia Nacional y ha pedido aumentar la pena de prisión de Rato. En concreto, ha pasado de los cinco años que requirió antes de que se celebrara el juicio oral a ocho años y medio de cárcel. Y lo ha hecho al añadir un delito continuado de falsedad contable al delito de estafa a inversores que ya había pedido para él.
En un escrito de acusación de 100 folios, la representante del Ministerio Fiscal ha detallado cronológicamente los hechos que llevaron a Bankia al abismo. Entre sus apuntes, ha recordado la comunicación formal que el Banco de España emitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 29 de junio de 2011, aquella en la que acordó que no iba a oponerse a la ampliación de capital social de la entidad de Rato. Aún así, ha asegurado que la responsabilidad recaía unicamente en Bankia.
Launa ha sido tajante: "La competencia exclusiva de salir o no a Bolsa correspondió a la entidad a través de su Consejo de Administración, que como hemos visto, era quien además había manejado la iniciativa de esta operación".
Rato, el piloto
Desde la Fiscalía han insistido en que la iniciativa para la salida a Bolsa fue "en todo momento dirigida por Rodrigo Rato y los restantes ejecutivos de BFA y Bankia". En su escrito, Launa ha hecho hincapié en que incluso antes de solicitar la autorización al supervisor, "no digamos ya de obtener su aprobación", el expresidente de la entidad y su equipo "habían anunciado la salida a Bolsa como Hecho Relevante" y habían iniciado una "imponente campaña publicitaria".
En sus conclusiones ha señalado que Rato fue "plenamente consciente de la inconsistencia del proyecto de Bankia y su debilidad financiera" y que "permitió la salida a Bolsa a sabiendas de que los inversores estaban recibiendo una información incompleta". Según la propia fiscal, Rato "encarnó el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas de Bankia, muy alejadas de la realidad".
El equipo
El Ministerio ha responsabilizado así al expresidente de la entidad y su Consejo de Administración, también ha cargado contra los miembros de los Comités de Auditoría y Cumplimiento. Estos últimos, según ha plasmado en su escrito, "hicieron una consciente y voluntaria dejación de sus funciones impidiendo la función auditora y el afloramiento de los deterioros que pretendían mantener al margen de su registro contable". Por ello, ha solicitado ampliar la lista de acusados y los ha incluido, lo que ha engrosado la lista de cuatro a 14 imputados a los que atribuye un delito de falsedad contable en lo que respecta a los estados financieros de Bankia.
A juicio del ministerio público, el Banco de España no adoptó "mayores cautelas" por la participación "fundamental" de Francisco Celma Sánchez, coordinador y socio de Deloitte y auditor de Caja Madrid, Bancaja y BFA, en la emisión de "auditorías positivas". De ahí que haya pedido que a Celma, contra quien no se ejercía acusación hasta ahora, se le atribuya ahora un delito de estafa a inversores.
Y los informes del BdE
La fiscal ha destacado reiteradamente en su escrito que los informes del supervisor alertaban de deterioros. Durante las sesiones del juicio oral varios inspectores del Banco de España acudieron a responder las preguntas de las partes. Uno de ellos fue José Antonio Casaus, quien entre 2011 y 2012 escribió los correos electrónicos en los que se ponía en duda la viabilidad del grupo BFA. El inspector reconoció que cometió "un error" al indicar en el informe que las provisiones realizadas por Bankia eran suficientes.
En su declaración, Casaus aseguró que su intención era reflejar que faltaban entre 8.000 y 10.000 millones de euros, pero que no lo hizo su superior (Pedro Comín) le pidió poner algo que "no comprometiera mucho". Según su versión, el propio Banco de España mandó a suavizar aquel informe del 31 de marzo de 2011 en el que finalmente se dijo que los saneamientos realizados en los tres últimos años contra reservas eran "suficientes para afrontar el deterioro de los activos crediticios e inmobiliarios" de los dos ejercicios posteriores.
La representante del ministerio público ha destacado la labor del órgano supervisor y ha responsabilizado al equipo de Rato de iniciar una "carrera de obstáculos de cara a dificultar la actividad auditoria". Aún así, ha asegurado, el Banco de España puso de sobre aviso a Rato sobre la "complicada situación de la entidad, con la finalidad de que fuera analizando posibles soluciones".
