La Fiscalía ha movido ficha en cuestión de horas en hasta cinco causas mediáticas. Ha anunciado que la Fiscalía del Tribunal Supremo asumirá la investigación en torno al rey emérito. También ha rebajado su petición de condena para el exjefe de los Mossos d’Esquadra José Luis Trapero, ha pedido el archivo de la causa del 8-M que investiga al delegado del Gobierno en Madrid y ha decidido seguir adelante con una causa que afecta a un dirigente de Vox en Andalucía. Además, ha solicitado el fin de la investigación sobre una de las piezas del caso Villarejo con una batería de nuevos procesados.
Todo ha ocurrido en cuestión de horas, durante la mañana de este lunes y solo unos días después de que el pasado 4 de junio se reactivasen los tribunales después del parón obligado por la pandemia. El foco informativo comenzó en la Audiencia Nacional con la reanudación del juicio al ex jefe policial de los Mossos y la cúpula del cuerpo autonómico por el desafío soberanista. El ministerio público, representado por Miguel Ángel Carballo, confirmaba una renuncia anunciada: de rebelión, pasaba a pedir condenas de cárcel por sedición.
Era algo que se esperaba desde hace meses tras la sentencia del Tribunal Supremo, que marcó la pauta a las acusaciones. No se esperaba otra cosa desde que la Fiscalía ya arrancó el juicio en enero escondiendo cuál sería su calificación definitiva. Al final pide diez años por sedición para Trapero y sus superiores, pero abre la puerta incluso a una condena sin cárcel al presentar como petición de pena alternativa una desobediencia. El castigo en ese caso se limitaría a un año y ocho meses de inhabilitación y 60.000 euros de multa.
Comisiones ilegales
La vista número 28 de este juicio -réplica del procés casi tres años después- apenas ha durado unos minutos. Casi al mismo tiempo, la Fiscalía General del Estado hacía pública la decisión de que el ministerio público del Tribunal Supremo asumirá la investigación en torno al rey emérito que hasta ahora llevaba a cabo la Fiscalía Anticorrupción. Tiene que ver con el presunto cobro de comisiones ilegales en el proceso que terminó con el contrato para construir el AVE a La Meca en manos de un consorcio de empresas españolas.
De este modo, el rey Juan Carlos se encuentra cara a cara con el Supremo cincuenta años después de ser proclamado rey y casi tres años después de que se hicieran públicas las grabaciones de su ex amiga íntima Corinna zu Sayn-Wittgenstein con el comisario Villarejo en las que ella le decía que el rey había cobrado ilegalmente del proyecto. Cuando la Fiscalía española se desplazó a Londres a preguntarle por ello, la ex amiga del rey matizó haberse enterado por terceros de los hechos. La investigación en el Supremo se suma a la que se sigue en Suiza por los mismos hechos y cuya comisión rogatoria con los datos todavía no ha sido remitida a España.
La tercera causa con eco mediático tiene que ver con la investigación de la juez Carmen Rodríguez Medel en torno al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco. Se le investiga por un delito de prevaricación tras haber autorizado manifestaciones días antes de la declaración del estado de alarma. La que más polémica ha generado es la marcha feminista del 8-M. Todo lo que rodeó a los informes de la Guardia Civil elaborados al respecto le costaron el puesto al jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, y generó un incendio en Interior. Hoy la Fiscalía ha pedido archivar la causa al no apreciar indicios de delito.
Este lunes también la Fiscalía de Sevilla ha decidido remitir a la Fiscalía Superior de Andalucía las diligencias de investigación penal iniciadas merced a la denuncia promovida por Facua ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Sevilla, a cuenta de un presunto delito contra la Hacienda Pública por un supuesto fraude de subvenciones cometido por una sociedad en la que figuraría como socio, entre otros, el presidente del grupo parlamentario Vox Andalucía, Francisco Serrano, quien ya habría comparecido voluntariamente ante el Ministerio Público.
Villarejo
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este lunes al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la conclusión de la instrucción en la pieza separada número 6 del caso Tándem, denominada 'Pintor', en la que se investigaba el encargo que habrían realizado los empresarios Juan y Fernando Muñoz al comisario ahora jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.
La Fiscalía interesa así al Juzgado Central de Instrucción número 6 su continuación por los trámites del Procedimiento Abreviado para posteriormente presentar el escrito en el que formularán acusación contra catorce investigados por delitos de extorsión y descubrimiento y revelación de secretos. En esta pieza, se investigaba en concreto el encargo de los Muñoz a Villarejo para conseguir que el exjuez Francisco Javier de Urquía, ejerciendo ya como abogado, convenciese a uno de sus clientes de que firmase un determinado acuerdo con ellos.
