El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado impulso a una de las líneas de investigación estrella del caso Villarejo. Se trata de la pieza en la que se indagan los contratos del entramado empresarial del comisario con el BBVA. En el marco de la misma ha dado luz verde a una serie de diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción entre las que destaca ampliar la investigación a su expresidente Francisco González por un presunto delito de administración desleal.
Así consta en un auto del instructor del caso Tándem, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que explica que, como ya declaró cuando la causa estaba secreta, se deja en sus manos el volver a la Audiencia Nacional "si lo estima oportuno". La petición del Ministerio Público se produce a tenor de las pruebas analizadas en el forensic del banco en las que PwC detectó correos electrónicos con información sobre la tasación de varias fincas en Mallorca y el Escorial en las que estaría interesado a nivel personal Francisco González.
El Ministerio Público expuso que el expresidente de la entidad que ahora dirige Carlos Torres podría haberse beneficiado de recursos del banco para sus intereses personales, de ahí que solicitara ampliar la imputación inicial de noviembre de 2019 por los delitos de cohecho y revelación de secretos. Del mismo modo logra que el magistrado impute también al responsable de comunicación de BBVA, Paul Tobin, por la creación del Google Drive elaborado por el banco toda vez que se conoció que había contratado los servicios del policía entre los años 2004 y 2017.
En el caso de Tobin, el magistrado del caso Tándem le atribuye un delito contra la administración de la Justicia por encubrimiento con respecto a Francisco González. Según sostiene la Fiscalía, el banco no ha aportado los datos que se supone que se encontrarían en dicho documento, de ahí que considere necesario llamar a Tobin ante las sospechas de que se “levantaron evidencias” de esta herramienta creada para aglutinar todo lo hubiera en la entidad en relación con los contratos con Villarejo.
“Vista la declaración de Inés Díaz y lo aportado por la defensa del BBVA, existe una clara contradicción que debe ser resuelta y, sino podemos contar con los metadatos, sí al menos debemos de poder dar la oportunidad a Pablo García Tobín, de que ofrezca su versión con todas las garantías procesales”, reza el instructor en referencia a la declaración que prestó la actual jefa de seguridad de la entidad en marzo en relación a la existencia de este Google Drive.
Las cuentas de Villarejo en el BBVA
Entonces la sucesora de Julio Corrochano –que pidió declarar de manera voluntaria para tumbar las conclusiones del forensic- apuntó a la existencia de material que se desconocía hasta el momento en relación con los encargos gestionados entre 2004 y 2017. La entidad dijo que dichos documentos ya se habían aportado a la causa aunque volvió a hacer entrega de los mismos. Ahora Fiscalía y magistrado rebaten esta tesis y sostienen que no cuadra lo que dijo Ochagavia con lo proporcionado por la defensa legal de la entidad.
El banco adjuntó al drive señalado un informe pericial elaborado en ese mismo mes de marzo por parte de GMV en el que se analizaron las evidencias electrónicas incluidas en dicho documento interno. Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 recalca que de este análisis se concluye que no se ha extraído nada del contenido, por lo que el juzgado no cuenta con dicho material. Al respecto llama a declarar también en calidad de testigo al perito Fernando Alfonso Díaz para que explique los pormenores de su trabajo.
Del mismo modo oficia a la Policía Judicial para que analice la cuenta a nombre del Grupo Cenyt en el BBVA. Según explica, consta que la apertura de este fondo y la designación de la oficina fue "impuesta" por el banco a Villarejo como forma más fácil de facilitar los pagos. De este modo da luz verde para que se recabe toda la documentación (cartulina de firmas, apoderados, escrituras y demás) relativa a esta cuenta abierta en diciembre de 2004 a nombre del entramado del comisario, el cual cobró cerca de 10,3 millones de euros por un total de 18 encargos de espionaje.
Facturas sin registrar
Los investigadores ponen de nuevo el foco en las facturas que se giraron a Cenyt y que, a su juicio, se hicieron al margen del circuito legal y saltándose los controles internos. Por ello se reclama más material al banco relativo a estos pagos entre el que destaca un informe del responsable de contabilidad que detalle en qué casos las facturas de un proveedor pueden ser registradas frente a la cuenta de quebrantos, así como la normativa interna de la entidad.
"Lo que se trataba de averiguar era por qué, unas facturas emitidas por una empresa contratada por el BBVA y autorizadas por la entidad, se abonan contra una cuenta de quebrantos y no frente a una cuenta de pago a proveedores, como las nociones básicas de contabilidad dicen que debería haberse hecho", relata el instructor, el cual también requiere una certificación que acredite las personas que figuraron como autorizadores de los pagos al entramado del espía.
Causa "particularmente compleja"
Cabe recordar que el forensic interno encargado en 2018 delegó las responsabilidades en el exjefe de seguridad, Julio Corrochano, y en el antiguo responsable de riesgos, Antonio Béjar. Sin embargo, éste último -que se desmarcó de la línea de defensa de la entidad- siempre ha mantenido que fue la cúpula la que ordenó contratar con el policía (entonces en activo) y que el forensic contiene irregularidades de fondo ya que él no es la persona que autoriza las facturas cuestionadas. La Fiscalía también apuntó que la identificación de Corrochano debía tratarse de un "error".
Por eso ahora el juzgado vuelve a requerir este material y PwC y cita además como testigo a César Béjar Hurtado, ya que consideran que pudo ser el "receptor" del informe elaborado por el departamento de contabilidad sobre las facturas al comisario Villarejo. El magistrado acelera la pieza 9 del caso Tándem tras advertir a los fiscales que solo acordará las diligencias más importantes con la intención de ir preparando el fin de una causa "que posee un carácter particularmente complejo" tanto por su volumen (suma ya 26 tomos) como por los imputados en la misma, que ascienden a un total de 20.
Las fincas del Escorial y Mallorca
Entre ellos se encuentran el propio banco como persona jurídica y Francisco González. El expresidente fue de los pocos que declaró estando la causa bajo secreto de sumario. Entonces dijo que no sabía quien era Villarejo ni tampoco que era un comisario en activo. Sin embargo, los fiscales apuntan a su conocimiento del asunto a tenor de los audios que obran en la causa en los que Corrochano despacha con el espía y le dice que dará traslado de los espionajes al "presi".
Ahora amplían el foco y se centran también en las evidencias localizadas por PwC para atribuir a FG un nuevo delito de administración desleal. El trabajo de la firma, al que ha tenido acceso este diario, identificó un correo electrónico intercambiado entre Béjar y Joaquín Gortari (recientemente imputado en la causa) en febrero de 2014 que adjuntaba una nota del registro de la propiedad de una finca del Escorial. Del mismo modo localizaron en septiembre del año anterior otras comunicaciones en relación con la Finca Sa Punta (Mallorca) así como un informe de tasación elaborado por Sociedad de Tasación S.A.
FG pagó las tasaciones
Esta gestión se hizo a solicitud de Belegar Inversiones S.L, mercantil vinculada a Francisco González. "Los entregables citados tendrían por objeto identificar y analizar a los propietarios (personas físicas y jurídicas) de una finca ubicada en El Escorial y que, de acuerdo con la información actualmente disponible, habría sido evaluada para su compra a título personal por parte del antiguo presidente de BBVA, D. Francisco González", concluyó el informe de PwC incorporado a la causa.
En respuesta, el banquero ha recurrido el auto del magistrado apuntando que no pudo haber administración desleal porque los informes de tasación realizados fueron facturados y pagados por su propia sociedad. Añade además que no tuvo conocimiento alguno de estos documentos detectados por PwC hasta su personación en el caso Villarejo y que, "a lo sumo", pudo despachar con Gortari sobre la situación registral de una finca. Explica González que, lejos de querer perjudicar al banco, actuó de este modo para evitar riesgos reputacionales.
"El hecho de encargar este tipo de averiguaciones a su jefe de gabinete no supone en ningún caso la comisión de un delito de administración desleal. Antes bien, se trataría de una actuación a todas luces esencial para salvaguardar el buen nombre, la reputación y el prestigio de una entidad financiera de primer nivel como es el BBVA. Y es que, como presidente de la entidad, cualquier actuación en el ámbito privado del Sr. González con un tercero que no se ajustara a los más esenciales principios éticos contaminaría, inevitablemente, a la propia entidad bancaria", explica su defensa.
