El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley de medidas urgentes para proteger a los desahuciados, aunque sólo se les protegerá temporalmente y en ningún caso se anulará su situación. El Gobierno considera que "es importante mandar el mensaje de que las deudas hay que pagarlas" y por ello ha optado por un parche transitorio que no modificará el problema de base.
La ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que "es una respuesta urgente" a un problema que no obstante ya lleva manifestándose al menos dos años. Se paralizarán los 'lanzamientos' (fase final del desahucio) de una serie de colectivos, los que no superen 19.000 de renta anuales, deudores en paro y sin prestación, con hijos o mayores a su cargo o que hayan sufrido violencia de género. Sin embargo, "este proceso no afecta al procedimiento de ejecución hipotecaria", por lo que las familias serán finalmente desahuciadas cuando se acabe esta especie de moratoria. El Gobierno ha rechazado por el momento hacer cambios en la ley hipotecaria (algo que, por otra parte, no podía hacerse con carácter de urgencia). Así lo ha confirmado Soraya: "no queremos cambiar algo tan importante con la premura de un decreto ley". Posteriormente, el ministro de Economía Luis de Guindos ha dicho que "no ve necesaria una reforma de la ley hipotecaria".
El Gobierno pincha de raíz las expectativas sobre una modificación de la ley hipotecaria para evitar que se pierda la vivienda y se mantenga la deuda
Sáenz de Santamaría ha dicho que "se trata de preservar que la gente pueda acceder a un crédito cuando haya posibilidades", lo que indica que no está en su mente hacer ningún cambio en esta ley, dado que uno de los principales argumentos para ello es que "dificultaría aún más el acceso al crédito". La presión de la banca parece haber surtido efecto en las decisiones de los gobiernos españoles, una vez más.
Parque de alquiler
En segundo lugar, se creará un parque de viviendas destinadas al alquiler para personas que han perdido su vivienda y no tienen casa propia. También se crean nuevos umbrales para el establecimiento del código de buenas prácticas. "Se trata de que los que se han quedado fuera de casa puedan acogerse a un alquiler barato" y estas viviendas vendrán de las que hayan sido adjudicadas por los bancos.
Para no ser desahuciado habrán de concurrir circunstancias sociales y económicas adversas
"La caída del Euribor de los últimos trimestres ha supuesto un alivio en la carga financiera de los hipotecados, pero este decreto ley va a los colectivos más desfavorecidos para evitar que salgan de la vivienda que han adquirido. Todos los casos en los que se haya producido la adjudicación al banco no podrán darse en estos casos: familias numerosas, unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo, unidad familiar con un menor de 3 años, unidad familiar con un miembro de discapacidad superior al 33%, unidad en la que el deudor se encuentre en desempleo y haya agotado sus prestaciones, unidad familiar en la que exista una víctima de violencia de género como domicilio habitual", ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Además de esto, hay unas condiciones económicas, la de no superar 3 veces el Iprem (1.600 euros al año, por lo que no pueden superar los 19.200 euros al año).
Banco malo
Asimismo, el Gobierno ha aprobado la creación de la Sareb en un real decreto que determina la estructura legal de la misma, cómo se transferirán sus activos, etc. El banco malo deberá tener una rentabilidad del 15% en 15 años para que llame a los accionistas. "En algún momento el banco malo sí puede tener pérdidas pero no al final, los primeros años siempre son los peores".
