El Gobierno ha aprobado este martes, en su reunión ordinaria del Consejo de Ministros, recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el acuerdo de la Mesa del Senado, del 21 de noviembre de 2023, en el que se tramitó una proposición de ley presentada por el PP en la Cámara Alta, donde cuenta con mayoría absoluta, para la derogación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a nivel nacional.
Según ha explicado Moncloa, el acuerdo aprobado en el que se plantea un conflicto de atribuciones ante la corte de garantías "tiene su fundamento en el artículo 134.6 de la Constitución Española", que establece que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación", sin que, en este caso, "se haya prestado".
En este sentido, y "ya habiendo mostrado su disconformidad con la tramitación de la norma", el Gobierno dio inicio al procedimiento constitucional el pasado 19 de diciembre, "al requerir al Senado que revocara el acuerdo de la Mesa de la Cámara Alta por el que se admitía a trámite esta proposición de ley".
El Gobierno ha explicado que dicho requerimiento "venía acompañado de un informe" en el que el entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública "justificaba que las medidas incluidas en la iniciativa supondrían una merma de la recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no cedido a las comunidades autónomas, al producirse la eliminación del mismo".
Asimismo, el informe aludía a que la proposición de ley "obligaba al Estado a compensar a las comunidades autónomas con el importe recaudado por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por cada una de ellas, en el último ejercicio fiscal antes de la entrada en vigor de esta iniciativa legislativa". "Por tanto, el impacto estimado de esta proposición de ley del PP alcanzaría unos 2.800 millones de euros para las arcas públicas", han subrayado desde el Ejecutivo.
Debe aprobarlo el Gobierno
En este punto, el Gobierno ha denunciado que, "a pesar del escrito remitido", la Mesa del Senado optó, en su reunión del 21 de noviembre, por "ignorar y no admitir a trámite esa disconformidad", con el argumento de que la proposición de ley "se refería a un ejercicio futuro y no a uno presente".
Un argumento, según Moncloa, que el Consejo de Ministros "rebate" tras el acuerdo aprobado este martes, puesto que, a fecha de hoy, "no se han aprobado todavía los Presupuestos Generales del Estado para 2024 y se consideran automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior". "El impacto previsto en el párrafo anterior se imputaría al presupuesto prorrogado", ha avisado.
Desde el Ejecutivo también han apuntado además que la proposición de ley del PP "afectaría también materialmente al presupuesto en vigor, como consecuencia de las obligaciones derivadas del principio de estabilidad presupuestaria y de la exigencia de equilibrio".
"De este modo, aunque la entrada en vigor de las modificaciones tributarias se trasladara al futuro, la mera aprobación de la norma conllevaría inmediatamente un cambio en el comportamiento de los actores económicos en este ejercicio, que ocasionaría una reducción de los ingresos tributarios previstos en el presupuesto en vigor", ha justificado el Gobierno en las referencias del Consejo de Ministros.
Por último, el Ejecutivo considera que esta proposición de ley vulnera el artículo 134.6 de la Constitución Española, ya que, "al suponer una merma de los ingresos presupuestarios, la propuesta debe contar con la aprobación del Gobierno".
"La decisión de la Mesa (del Senado) de admitir la tramitación de una iniciativa legislativa como la que se contiene en la proposición de ley de referencia afectaría a la iniciativa exclusiva del Gobierno en el diseño de la política presupuestaria", ha defendido Moncloa, al tiempo que ha recordado que esta decisión de eliminación del tributo "ampliaría las capacidades de actuación del Parlamento hasta límites que van más allá de lo que se desprende de la letra y del espíritu de la norma". "De ahí que el Ejecutivo considere que se ha vulnerado el ejercicio de una atribución constitucional que le corresponde en exclusiva", ha concluido.
Bolaños avisó
Tras la aprobación del trámite en el Senado, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya pidió la revocación de la misma, alegando que era una vulneración "flagrante" de la Constitución, por lo que abría la puerta a presentar un recurso ante el TC si no se paralizaba la norma.
Según explicó en rueda de prensa, la Constitución "establece que es necesaria la conformidad del Gobierno para que las Cortes Generales tramiten cualquier norma, cualquier proposición de ley, que suponga una disminución de los ingresos presupuestarios". "Evidentemente esa previsión de la Constitución la está vulnerando la Mesa del Senado", indicó Bolaños.
El ministró apuntó que esta medida presentada por el PP en la Cámara Alta tendría "un impacto evidente" de en torno a 2.800 millones en las arcas públicas, superior, por ejemplo, a la partida de becas del año 2022, que fue de 2.520 millones de euros, según afirmó.
