España

Pedraz ordena rastrear cuentas bancarias de líderes de Convergència por las donaciones del 3%

Actúa a petición de Anticorrupción, que ha conseguido la reapertura de esta pieza por presunto delito de blanqueo ante la sospecha de que los imputados pudieron financiar de manera ilegal al partido extinto

  • Artur Mas y Germà Gordó en una foto de archivo.

El magistrado Santiago Pedraz ha ordenado rastrear las cuentas bancarias de los investigados en la causa del 3% por las donaciones a Convergència Democràtica de Catalunya. El instructor actúa después de que la Sala de lo Penal estimara el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y reabriera la pieza del procedimiento relativa a un presunto blanqueo de capitales.

En una providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, Pedraz se dirige a las entidades bancarias a las que hace alusión Anticorrupción y que identifica la Guardia Civil en un informe del 11 de enero de 2023. El instructor del conocido como caso del 3% ordena que se remitan a su juzgado "los movimientos existentes en las cuentas reseñadas desde 2008 hasta 2014".

La actuación del magistrado se conoce después de que Anticorrupción recordara al juzgado la necesidad de investigar estas cuentas bancarias ante la sospecha de que las donaciones de miembros de la extinta Convergència encubrirían una presunta financiación irregular de la formación. La solicitud de Anticorrupción, que avanzó este medio, recogía las donaciones que ahora investiga la Justicia y recordaba que las mismas se efectuaban de una manera coincidente entre los imputados.

Miembros del Gobierno de Mas y de Puigdemont

La Fiscalía apeló a las declaraciones en sede judicial de los imputados, los cuales detallaron cómo realizaron las donaciones, previa solicitud del tesorero de Convergència, Daniel Osácar y su sustituto, Andreu Viloca. Anticorrupción recordó también a la declaración del abogado y antiguo dirigente de la formación nacionalista, Francesc Sànchez, quien el 30 de enero de 2020 explicó en la Audiencia Nacional que "en caso alguno" estas donaciones respondían a pagos de cuotas de partido.

"No siendo pagos de cuota tampoco pueden ser pagos o aportaciones de los cargos electos, pues estos se hacían, como afirmara Francesc Sànchez, con carácter mensual", expuso la Fiscalía al respecto. De hecho, la principal acusación dijo que la coincidencia de las fechas y la homogeneidad de las cuantías transferidas evidenciarían que "alguien coordinaba estas donaciones, desde un nivel superior a los propios donantes".

Osàcar confirmó que la mecánica de afloramiento de dinero procedente de actividades delictivas, era, en efecto, hacer intervenir a varias personas afiliadas a Convergència para que realizaran donaciones al partido que les eran reembolsadas en efectivoEscrito de la Fiscalía Anticorrupción

El propio Osàcar confirmó que eran los tesoreros de Convergència los que controlaban estos movimientos. "Afirmó cómo la mecánica de afloramiento de dinero procedente de actividades delictivas era, en efecto, hacer intervenir a varias personas afiliadas a CDC para que realizaran donaciones a dicho partido que, inmediatamente, les eran reembolsadas en efectivo con el dinero procedente de dichas actividades. Osàcar afirmó, incluso, que el investigado Germà Gordó era quien dirigía esta estructura", dijo la Fiscalía.

Con todo, la imputación formal tras la reapertura de esta línea del 3% se sigue contra el que fuera consejero del Interior durante los gobiernos de Carles Puigdemont y Artur Mas, Jordi Jané; contra Marc Guerrero i Tarragó; el exdiputado de Convergència Víctor Vila; el exportavoz de Convergència i Unión (CiU) Jordi Moltó; la exdiputada Gloria Renom; la exsenadora Montserrat CandiniEduard Freixedes y también Irene Rigau, exconsejera del Gobierno de Mas y una de las condenadas por la consulta del 9-N.

La Justicia reactiva el 3%

Todos ellos giraron transferencias al partido en su mayoría de 3.000 euros en los últimos meses de los ejercicios de 2008, 2009 y 2010. Por ese motivo solicitó también que se investigue no solo los abonos de los miembros del partido nacionalista ligados a los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont, sino también de otros 'convergentes' de los que consta que recibieron de vuelta las cuantías depositadas.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas y su exconseller de Justicia Germà Gordó

Al respecto pidió que se investigara a Carlos Flamerich, quien fuera director general en funciones de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat de Catalunya al no corresponderse los datos de las donaciones con la documentación entregada. También a Felipe Puig -exconsejero de Empresa durante el gobierno de Artur Mas- que realizó una donación en diciembre de 2008 de 3.000 euros e inmediatamente obtuvo reintegros por valor de 1.090 euros.

Al igual que Puig, Gloria Renom, Irene Rigau, Jordi Jané, Jordi Moltó y Pere Macías efectuaron abonos a la cuenta del partido que fundó Jordi Pujol y, acto seguido, recibieron reintegros de cuantías que se aproximaban al monto depositado.

Investigación por blanqueo

Por todo ello, Anticorrupción solicitó que se recabara todos los movimientos bancarios existentes en las cuentas relacionadas entre 2008 y 2014. "Dicho período es coherente con el de las donaciones, siendo necesario observar la conducta económica de las personas investigadas desde un punto de vista integral", expuso el Ministerio Público al respecto.

De esta forma se revoca el criterio del magistrado Pedraz quien, en su auto de archivo de esta pieza del 3%, expuso que del informe de la Guardia Civil sobre la operativa de donaciones al CDC no se extraía elemento alguno que avalara los hechos imputados.

De hecho, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 expuso que de todas las diligencias practicadas no se había obtenido indicio alguno que acreditase una mecánica de afloramiento de dinero negro, así como tampoco que el dinero que se hubiera podido entregar a estos militantes tuviera un origen ilícito.

Frente, a ello, la Fiscalía Anticorrupción mantiene que esos montos provendrían del pago que algunos empresarios afines al partido efectuaban a cambio de obtener licitaciones y adjudicaciones de obras públicas. Los fondos en cuestión se canalizarían a través de las fundaciones Catdem y Fòrum Barcelona; ambas vinculadas a la extinta Convergència. Por ello pide hasta 22 años de cárcel a los imputados y 3 millones de euros de multa al PDeCAT en una de las piezas de esta causa del 3%.

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