Todas las previsiones han quedado desbordadas en 2023. El fantasma de Lampedusa se cierne sobre Islas Canarias en un año donde más de 37.000 personas han llegado de forma irregular por vías marítimas, colapsando la administración regional y central, obligando a tomar medidas de contingencia como su reubicación en dependencias militares o turísticas. Una grave crisis marcada por la tragedia humanitaria, y que encuentra su epicentro en las crecientes inestabilidades que se viven en el Sahel. Por eso, en base a los informes críticos que llegan desde África, la Guardia Civil teme que los flujos migratorios, lejos de disminuir en 2024, vayan en aumento.

Los datos oficiales del Ministerio del Interior apuntan 37.187 entradas irregulares en Canarias desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre -los informes se actualizan de forma quincenal-; lo que supone un incremento del 140% respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior, con 15.466. Estas cifras evidencian el colapso que se han vivido en las Islas, teniendo en cuenta que acaparan la mayor parte de los flujos migratorios con destino a España: en todo el país han llegado 52.945 personas por vías irregulares, sumando las rutas marítimas y terrestres.

Unas estadísticas que tienen consecuencias directas para la administración de las Islas Canarias, desbordada y sin medios suficientes para atender debidamente la crisis, y que acusa al Gobierno central de no facilitar los recursos necesarios. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tomó la determinación de trasladar a miles de inmigrantes desde Canarias a diversos puntos de la Península. Como contó Vozpópuli, Moncloa oculta al Congreso de los Diputados el número de reubicaciones que se han efectuado hasta la fecha, si bien en regiones como Madrid se recibieron hasta mil personas en apenas 24 horas.

De Canarias a la Península

Con los centros de acogida desbordados, el Gobierno ha habilitado dependencias militares y emplazamientos turísticos para acoger a los inmigrantes. No sin polémica, ya que diversas voces ponen en duda que estos espacios, especialmente los vinculados a las Fuerzas Armadas, reúnan las condiciones necesarias para cumplir esta función.

El pasado jueves, 21 de diciembre, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado presentó una denuncia contra ACCEM, entidad gestora del centro de Alcalá de Henares vinculado al programa de emergencia humanitaria generado por la acogida procedente de Canarias, asegurando que en este emplazamiento se localizaron menores de edad.

"La Red recibió aviso a través de activistas locales que dos jóvenes menores de edad, que se habían identificado como tales, se encontraban bloqueados y se les había intentado evitar salir a la calle tras haber informado que eran menores de edad, elemento que alertó a dichas activistas que, en contacto con la Red procedieron a informar que no se estaban dando las garantías jurídicas adecuadas para derivarlos de forma eficaz al ámbito de la Fiscalía de Menores y así proceder a generar una acogida que cumpliera la normativa en materia de protección a la infancia vigente en la Comunidad de Madrid", apuntan desde la organización.

Inquietud en la Guardia Civil

Fuentes internas de la Guardia Civil manifiestan su temor ante los acontecimientos que se puedan generar en el próximo año, toda vez que en los escenarios origen de los flujos la inestabilidad, lejos de aplacarse, sigue en aumento: las misiones militares occidentales están en proceso de retirada, mientras que los gobiernos locales, como los de Mali o Burkina Faso, se echan en brazos de los mercenarios rusos de Wagner, auspiciados por Vladimir Putin.

A esa situación hay que añadir la creciente influencia de las delegaciones terroristas de Al Qaeda y Estado Islámico, que pugnan entre sí por convertirse en auténticos actores de poder, arrastrando a la población civil a un baño de sangre. La guerra de Ucrania y la interrupción del transporte de mercancías de primera necesidad con destino a África también condenan a los civiles a la hambruna.

Y ninguno de esos elementos tiene visos de remitir.

"Lo que hemos vivido en 2023 ha sido crítico, pero hay mucha incertidumbre hacia lo que pueda pasar en 2024", lamentan estas fuentes internas de la Guardia Civil en conversación con Vozpópuli. "Seguimos con medios escasos, tanto materiales como humanos, y los cayucos no paran de llegar".

Con todo, el Ministerio del Interior asegura que el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Senegal ha frenado el 46 por ciento de las llegadas irregulares a Canarias en los dos últimos meses, con la interceptación de 59 embarcaciones y 7.213 personas en las costas de Senegal y Gambia.

Además, los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo lograron el pasado miércoles un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y ofrecerá a los gobiernos una 'solidaridad a la carta' que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado.

Así, la incógnita se cierne sobre 2024. Y desde la Guardia Civil, donde se reclaman más medios para atender la situación que se vive en Islas Canarias, temen que la dinámica del año que está a punto de cerrar -con cifras superiores a la crisis de los cayucos de 2006- pueda prolongarse en los próximos meses.

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