La moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona para colocar al candidato de Bildu en la alcaldía es el primer capítulo de esta segunda etapa de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España. Un gesto a sus aliados que promete ser el 'pistoletazo' de salida a una nueva tanda de 'regalos' a cambio de sostenerlo en La Moncloa. A los hechos hay que remitirse: en la anterior legislatura hubo muchos gestos del presidente hacia sus apoyos abertzales.
A finales de 2022, la propia Bildu difundió un texto en el que presumía de los acuerdos conseguidos con el Gobierno de Pedro Sánchez, entre los que se encontraban concesiones idiomáticas y presupuestarias gracias al apoyo en la aprobación de los presupuestos. Entre las medidas se encontró el fijar una fecha para expulsar de Navarra de la Guardia Civil: en un acuerdo con el PNV, el PSOE acordó quitarle las competencias de tráfico a la benemérita. Bildu consiguió que el Gobierno permitiese que solo aquellos agentes que hablasen euskera pudiesen adherirse al cuerpo de la Policía de Navarra.
En cuanto a los presos de ETA, Bildu ha conseguido que Sánchez acerque al País Vasco a todos los que quedaban repartidos por España: un total de 382 traslados correspondientes a 204 terroristas, 183 de ellos con delitos de sangre. Una situación que unida a la cesión de la gestión de Prisiones al Gobierno vasco, facilita que un juzgado de la región les conceda terceros grados que les permita salir a la calle temporalmente. Según contó este diario, se producen tres progresiones de este tipo al mes.
En materia económica, Bildu también logró que País Vasco y Navarra recaudasen y gestionasen los impuestos de la banca y las energéticas. El pacto también incluyó ayudas directas al euskera: un millón para digitalizar las radios en el idioma del País Vasco y 250.000 euros para promocionar espectáculos circenses en euskera. En fechas anteriores también consiguió que Moncloa aprobase la emisión de ETB 3 en Navarra, además de dotar con 500.000 euros los medios audiovisuales que trabajasen en euskera.
Otra de las peticiones de Bildu aprobadas por el Gobierno fue la retirada del Ejército de los terrenos del cuartel de Loyola de San Sebastián o incluir en la Ley de Memoria la investigación de los crímenes cometidos en democracia entre 1978 y 1983. El objetivo de esto es reconocer víctimas de torturas producidas por los GAL en su lucha contra el terrorismo de ETA.
El Gobierno acordó a principios de año destinar tres millones de euros para convertir el Fuerte de San Cristóbal de Navarra en un lugar de memoria. Además, se pactó crear en Vitoria el Memorial de las Víctimas del 3 de marzo por un valor de 600.000 euros. Además, desde Moncloa se ordenó otra partida presupuestaria para financiar las excavaciones de la sociedad de ciencias Aranzadi en el monte Irulegi, lugar donde se encontró una mano de bronce con escritos en euskera.
