El caso Iberdrola-Villarejo vuelve a enfrentar a sus principales protagonistas. La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán ha contraatacado a Corneliu Dica, uno de los empresarios que figura como perjudicado en el procedimiento. En concreto, ha pedido al juez que le expulse de la causa al considerar que no hay motivos de peso para sostener que fue víctima del comisario jubilado. De esta forma responde a la última petición de Dica, que acaba de volver a reclamar al juzgado que se impute en la causa a la matriz por el último trabajo de Villarejo.
El cruce de reproches se produce una semana después de la ronda de declaraciones impulsada en esta pieza del caso Tándem y en el marco de la cual compareció el propio Dica. El empresario rumano, que fue objetivo de Villarejo bajo el proyecto Wind, aseguró entonces que fue víctima de espionajes y que el policía tuvo acceso a datos que eran tan privados y confidenciales que solo estaban en posesión de los servicios secretos de Rumanía. Al respecto sostiene que la beneficiaria del encargo fue Iberdrola, aunque lo costeó la filial Renovables.
Por ese motivo ha vuelto a solicitar a la Audiencia Nacional que considere su petición inicial de imputar a la matriz por delitos de cohecho y revelación de secretos. Se trata de una solicitud que ya formuló en el pasado y a la que se han adherido otros protagonistas de esta causa como Florentino Pérez o el exjefe de Funciones Corporativas, José Antonio del Olmo. Sin embargo, ahora reitera la petición amparándose en las recientes declaraciones de dos exdirectivos de Iberdrola: el exconsejero de Renovables Gustavo Buesa y el exjefe de Seguridad Internacional, Enrique Victorero.
Ausencia de control
Ambos comparecieron la semana pasada en sede judicial y, aunque declinaron cualquier irregularidad en estas contrataciones, Dica recurre a ellos para implicar a Iberdrola en el último encargo girado al Grupo Cenyt. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, en respuesta, asegura que no hay un solo motivo para que figure como perjudicado y que no identifica qué daño le causó el proyecto Wind. Por ello reclama al magistrado Manuel García Castellón que le expulse del procedimiento, tal y como consta en los últimos escritos adheridos a esta pieza del caso Tándem y a los que ha tenido acceso Vozpópuli.
Dica: el proyecto Wind se realizó por decisión de Asenjo a la Agencia Cenyt, la cual ni siquiera estaba registrada como proveedor de Iberdrola
En lo que respecta a Corneliu Dica, su defensa asegura que fue víctima del último trabajo acometido por Villarejo para la eléctrica y en el marco del cual se puso el foco en el patrimonio de la suiza Eólica Dobrogea, su entonces presidente Christopher Kapp y el exdelegado Corneliu Dica al haberse declarado insolventes para responder a un laudo millonario que habían perdido frente a Iberdrola. El empresario rumano asegura que fallaron los mecanismos de control y prevención de delitos ya que contrataron con las empresas de un funcionario en activo
De esta forma rebate la tesis de Iberdrola Renovables, la cual sí está imputada en el procedimiento. Su representante legal explicó en su turno ante el juez que se pagó una factura del Grupo Cenyt que correspondía a una oferta de servicios y no a un encargo real. Sin embargo Dica sostiene que este informe sobre la oferta del encargo debió pasar "inmediatamente" al órgano responsable del Compliance y que si se actuó con "pasividad y total tolerancia" ante esta contratación fue porque los datos obtenidos "ilícitamente" llegaban directamente a instancias superiores al Departamento de Seguridad.
Proveedor de Iberdrola
Del mismo modo asegura que se contrató al entramado de Villarejo para este espionaje en Rumanía en octubre de 2011 pese a que Cenyt todavía no estaba registrada como proveedora de Iberdrola. Además apela a las declaraciones de Victorero y Bueno para intentar mostrar la relación directa de la matriz en este asunto. Por un lado asegura que Victorero explicó al juez que su cargo dependía de Antonio Asenjo, entonces jefe de seguridad de la matriz. En lo que respecta a Buesa -que compareció como testigo- recuerda que dijo que jamás tuvo conocimiento alguno de los encargos realizados a Cenyt. Los mismos se prolongaron entre 2004 y 2012 y costaron poco más de 1,1 millones.
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"Si tenemos en cuenta la relación de facturas abonadas por Iberdrola S.A. y por Iberdrola Renovables a Cenyt, y que vemos que el importe total abonado asciende a 1.132.024 euros, todo lo cual pone de manifiesto que los mecanismos de control y prevención de delitos de Iberdrola fueron ineficaces y no funcionaron, a pesar de no ser una actuación aislada sino una actividad reiterada", recoge el escrito. Con todo, Anticorrupción y el magistrado instructor tienen pendiente pronunciarse sobre la petición de imputar a Iberdrola. Se trata de una posibilidad que no se contempla por el momento, según fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli.
Comisión rogatoria a Suiza
La defensa de la multinacional, por su parte, responde en un duro escrito en el que pide que se le expulse de la causa. Como ya hiciera con Florentino Pérez -del que también reclama que se le retire la condición de perjudicado- la compañía razona que no hay elementos de peso para seguir litigando en el caso Villarejo. Primero, dice, porque el encargo del proyecto Wind nunca se llegó a materializar. Y segundo porque Dica relata "de manera sesgada, torcida y en ocasiones falsaria" lo que son sus desavenencias derivadas del proyecto eólico fallido entre los dos socios que fue lo que dio lugar al laudo y al posterior trabajo de Villarejo.
Del mismo modo cuestiona su petición de que se libre una comisión rogatoria a Suiza para investigar los pormenores de este acuerdo comercial. "Pretende dirigir una comisión rogatoria por un juzgado a una notaría, para hacer ofrecimiento de acciones a quien no es perjudicado en relación con los hechos que no son objeto de la causa no se puede calificar sino de esperpéntico fraude procesal", recoge la firma en su escrito en el que añade que los datos que recopiló Villarejo provienen de fuentes abiertas. "Nada hay en estas circunstancias que sea secreto", dice.
Así pues, la decisión final queda en manos de los investigadores, los cuáles también tiene que pronunciarse no solo de la posible imputación de Iberdrola, sino también de otras cuestiones de calado tales como la petición de archivo de la compañía o de si aplican la directiva europea para proteger a José Antonio del Olmo, opción esta última que respalda Florentino Pérez. Además, el propio Del Olmo acaba de solicitar al juez que le cite a declarar en la que se convertiría en su cuarta comparecencia en sede judicial desde su aparición en la causa a finales de 2019.