El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, se ha comprometido este viernes con el sindicato de inquilinos a que se den "pasos claros que hagan efectiva" una ley que regule los precios de los alquileres como la aprobada en Cataluña, a pesar de que ha sido muy criticada por el sector.
La aprobación el pasado 9 de septiembre por el Parlamento de Cataluña de la ley que ya regula el precio del alquiler en los 60 municipios de más de 20.000 habitantes desencadenó una reacción contraria por parte de asociaciones y colectivos de profesionales del sector inmobiliario. Iglesias "ha alabado" este viernes esa norma en vigor ya en Cataluña, según ha indicado a EFE un portavoz del colectivo de inquilinos.
El propio vicepresidente "tratará de negociar" en el seno del Gobierno esta cuestión e introducirla en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha añadido la misma fuente. El vicepresidente y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, se han reunido con representantes de los sindicatos de inquilinos de Madrid y Cataluña, quienes solicitaron este encuentro "con urgencia" para abordar la regulación del precio de los alquileres ante la crisis provocada por el coronavirus. Los argumentos de estos sindicatos, que creen que este tipo de regulaciones evita la especulación, frena los precios y protege al inquilino más desfavorecido, chocan frontalmente con los del sector inmobiliario.
El sector se opone
El sector inmobiliario no solo considera que intervenir el mercado del alquiler y la vivienda va contra la propiedad privada y el libre mercado, sino que la medida reduce la oferta por la salida a la venta de inmuebles y aviva la economía sumergida, además de que cuestiona si su entrada en vigor es constitucional.
El portal Idealista señala que "tal y como sucedió en Alemania es previsible que la oferta disponible en el mercado catalán se reduzca significativamente, lo que empeorará las condiciones de acceso a aquellos que estén buscando una vivienda en alquiler".
El portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, Fernando Bardera, ha dicho a EFE que los argumentos del sector son "un mantra de las agentes económicos del ladrillo" y ha añadido que "no se puede proteger a los grandes tenedores que se benefician de las rentas mientras la gente está en la calle".
El sindicato de inquilinos es optimista
El sindicato de inquilinos de Madrid ha informado de que el titular de la cartera de Derechos Sociales les ha comunicado que ya se está trabajando en un borrador de una ley que incluya, entre otras cuestiones, un límite a los precios de los alquileres y la fórmula legal de cómo se va a materializar. Los representantes del colectivo de inquilinos han solicitado al vicepresidente que "respete, blinde y extienda" esa ley al resto de comunidades autónomas del Estado.
El vicepresidente segundo, en una nota difundida tras la reunión, considera "imprescindible que se cumpla ya y en este momento de emergencia social" el proyecto de regulación de los precios de los alquileres que se acordó en el programa de Gobierno de coalición para comunidades autónomas y ayuntamientos con zonas de mercado "tensionadas".
Este sindicato madrileño se creó hace poco más de tres años y, como admitió el entonces portavoz, Jacobo Abellán, participan activistas a título particular venidos de otros movimientos, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Coordinadora de Vivienda de Madrid, del movimiento feminista, del municipalismo y de movimientos sociales del barrio de Lavapiés.
Bardera, su portavoz, ha admitido que en la reunión con Pablo Iglesias no se ha abordado la cuestión de aumentar el parque de vivienda social con alquileres asequibles. Ha opinado al respecto que tener un parque de vivienda público "es bueno, pero es un plan a largo plazo que puede llevar dos décadas, la gente está ya en la calle y en los próximos meses la situación será peor".
