El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha reclamado al juez que instruye la causa en Estepona sobre su ático, Eloy Marfil Gallardo, que le considere perjudicado por la investigación sobre la compra del inmueble en la localidad malagueña, por la que está imputado junto a su esposa, Lourdes Cavero, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Así consta en un escrito, de 21 de noviembre, dirigido al juzgado, que de forma literal especifica: "Venimos a solicitar, conforme dispone el artículo 638 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que para que en el caso de que se acceda al sobreseimiento de la causa, se declare que la formación de la misma ha perjudicado a la reputación de los querellados".
El escrito de los letrados de Ignacio González y Lourdes Cavero, en el que precisamente reclaman el sobreseimiento de la causa, finaliza anunciando de forma clara las intenciones de los imputados, al pedir al instructor que les "reserve el derecho a perseguir a los querellantes como calumniadores y se acceda a la reserva de acciones penales contra los querellantes".
En la actualidad, la acusación popular la ejercen el PSOE y un colectivo de extrabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) de Telemadrid.
Rudy Valner
El caso del ático de Estepona se inició tras la denuncia en 2013 del Sindicato Unificado de Policía (SUP) por la compra de un inmueble en Estepona por parte del fiduciario mexicano, Rudy Valner, en nombre de la empresa off shore Coast Investors, inscrita en Delaware, Estados Unidos. Este piso fue de forma inmediata alquilado por Lourdes Cavero, a un precio por debajo del mercado.
En esta causa declaró como testigo el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en la que apuntó que un testigo protegido había alertado a la policía que el ático podría ser una dádiva relacionada con el caso Gürtel y una reclasificación de terrenos en el municipio madrileño de Arganda del Rey.
Sin embargo, un colectivo de extrabajadores de Telemadrid, afectados por el expediente de regulación de empleo de la empresa pública, interpuso una demanda ante la Fiscalía, en la que apuntaba que el ático podría ser el pago a los presuntos tratos de favor de Ignacio González, mediante la televisión pública madrileña, a las empresas audiovisuales de Enrique Cerezo.
Las anteriores instructoras de la causa, las magistradas Isabel Conejo y Mariana Peregrina Blanco, acordaron la imputación de Ignacio González, Lourdes Cavero y Enrique Cerezo.
Trabajó para Cerezo
Durante la instrucción se pudo demostrar que el presunto testaferro de la primera compra del inmueble, Rudy Valner, había trabajado para empresas de Cerezo, como es el caso de Vídeo Mercury.
En su declaración como testigo por carta y desde Estados Unidos, Rudy Valner aseguró que el auténtico dueño de la empresa Coast Investors era el empresario argentino Luis Osvaldo Repetto, que también había sido socio de Cerezo.
En diciembre de 2012, Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, compraron por 770.000 euros el ático que habían alquilado en 2009 a Rudy Valner. Ese dinero fue transferido a Estados Unidos.
Y desde entonces, las comisiones rogatorias han protagonizado diferentes errores, que han imposibilitado conocer datos tan básicos como el destino del dinero abonado en 2013 por Ignacio González a Rudy Valner.
Fiscalía de Málaga
La ofensiva del expresidente madrileño, quien se enfrenta a su procesamiento en la Audiencia Nacional en relación al presunto cobro de mordidas en la adquisición de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II, se produce después de que la Fiscalía de Málaga no pidiera la continuación de la instrucción, tal y como obliga la modificación de los plazos para investigar aprobada por el entonces ministro de Justicia del PP Rafael Catalá, que ahora trabaja para una fundación del propio Enrique Cerezo.
La decisión de la Fiscalía de Málaga de no pedir la prórroga de las pesquisas obliga al juez que instruye el caso del ático a tomar una decisión sobre la causa: o archivar la instrucción, como reclaman insistentemente los imputados, o mandar el caso a juicio.
Sin embargo, las acusaciones populares consideran que la causa debería seguir. En concreto, los extrabajadores de Telemadrid solicitaron la declaración como imputado de Rudy Valner, quien debería ser perseguido judicialmente por las autoridades de Estados Unidos, según apuntan fuentes del caso.
El juez ha rechazado esta declaración, ya que la Fiscalía ha dado por finalizada la causa. Y por eso Ignacio González cree que el caso debe ser sobreseído. Si así fuera, ya ha anunciado que pasará a denunciar a las personas e instituciones que reclamaron que se investigaran los hechos.
