El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha negado este miércoles que el Ejecutivo autonómico crease una plaza de trabajo para que un imputado por el caso del presunto espionaje político no implicase a responsables y ha destacado los cambios en la versión de los hechos ofrecida por el implicado.
Tras presentar un programa sanitario, González se ha referido a una información de El Mundo según la cual el exdirector de la Academia de Policía de Madrid Agustín Carretero, director general de Justicia autonómico, intentó sobornar con un puesto de trabajo a uno de los imputados en el caso, José Manuel Pinto, para evitar que implicase en su declaración al Gobierno madrileño, según informa Efe.
González ha recordado que el asunto del presunto espionaje comenzó con una denuncia por seguimientos en 2009, etapa en la que Esperanza Aguirre presidía la Comunidad
Esta información ha llevado al diputado del PP y exconsejero de Justicia madrileño Alfredo Prada -uno de los presuntos espiados- a emplazar a la Fiscalía a que investigue el supuesto intento de soborno relacionado con este caso, del que se siente víctima. González ha recordado que el asunto del presunto espionaje comenzó con una denuncia por seguimientos en 2009, etapa en la que Esperanza Aguirre presidía la Comunidad, con Francisco Granados -encarcelado por el caso Púnica- como consejero responsable de la seguridad y Carretero como director de la Academia de Policía.
Con motivo de esa denuncia, ha proseguido, se produjo una investigación en la que finalmente resultó imputado Pinto, al que se le atribuyó ser responsable de unos partes que presuntamente justificarían un seguimiento a las personas supuestamente espiadas. Tras apuntar que el caso se ha archivado en varias ocasiones, González ha agregado que el imputado, trabajador público autonómico, pidió una baja, una reclamación por daños y solicitó que se le diese una plaza mejor que la que tenía anteriormente a la denuncia.
Según el presidente autonómico, desde el año 2010 el abogado de Pinto presuntamente pidió a los responsables de Justicia e Interior -Granados y su equipo- que se le diese un puesto de trabajo, lo que no consiguió; y más tarde, en 2012, "sorprendentemente" decidió cambiar su versión ante el juez para relatar que sí habían existido seguimientos pero él no los había hecho.
Según el presidente autonómico, desde el año 2010 el abogado de Pinto presuntamente pidió a Granados y su equipo que se le diese un puesto de trabajo, lo que no consiguió
Tras recalcar que ni conoce el "detalle" ni tenía "responsabilidades" ni las he tenido en relación a este asunto, ha concluido que ni se le creó una plaza ni se limitó ningún tipo de participación de Pinto ante los jueces, puesto que declaró ante el juez lo que consideró "oportuno".
Por su parte, el consejero madrileño de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ha calificado de "presión a la desesperada" las acusaciones del abogado del imputado, que según ha agregado tenía el objetivo de que se creara un puesto de trabajo para el que no cumplía los requisitos profesionales y técnicos. Ha añadido además que la conversación que detalla la información publicada sobre el soborno -en la que Carretero y el abogado de Pinto citan el nombre de Victoria- está transcrita sólo de forma parcial.
El exdirector de la Academía de Policía, que actualmente es director general de Justicia en el Gobierno madrileño, ha negado también que él intentara sobornar a nadie y ha dicho que la conversación con el abogado de Pinto fue "un intento de presión a la desesperada en mi persona".
El portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, ha exigido que todas las personas relacionadas con el caso de espionaje a cargos del Gobierno regional den "explicaciones inmediatas" sobre el posible intento de soborno a uno de los implicados.
