El grupo popular en el Congreso ha manifestado su oposición a la reforma de la ley del indulto que ha propuesto la Izquierda Plural, aunque ve necesaria esa modificación, pero desde una base "sólida y rigurosa", sin oportunismos y "siempre movida por el interés general", informa Efe.
Así lo ha señalado la diputada del PP Pilar Cortés en el pleno del Congreso, donde se ha debatido la toma en consideración de una proposición de ley de la Izquierda Plural para reformar una ley que data de 1870 y que, en palabras de su parlamentario Gaspar Llamazares, se ha convertido en "una suerte de cuarta instancia para ricos" y se ha usado para "exonerar" de la cárcel a corruptos.
Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, han apoyado la iniciativa, que no saldrá adelante dada la mayoría absoluta del partido del Gobierno. En la proposición de ley se plantea que para conceder cualquier indulto deba estar motivado, que se excluyan determinados delitos, especialmente todos los relacionados con la corrupción, terrorismo, tortura o ecológicos, y que exista acuerdo entre la Fiscalía y el tribunal sentenciador.
Propone además que sean exigibles razones de "justicia, equidad o utilidad pública" para conceder la gracia y que la resolución haga mención expresa al delito cometido, al grado de ejecución y al origen de la solicitud del indulto. Llamazares ha criticado la cada vez mayor presencia de delitos que "nunca" deberían ser motivo de indulto, como los de corrupción o los conocidos como de "cuello blanco", y ha asegurado que esa medida de gracia se utiliza de manera "perversa".
Desde el PP, la diputada Pilar Cortés ha reprochado las críticas al Gobierno y ha dicho que éste se ha limitado a cumplir la ley a la hora de conceder los indultos, y le ha llamado la atención la "necesidad imperiosa" de modificarla ahora cuando está en vigor desde 1870 y ha sido aplicada por diversos gobiernos.
Según Cortés, la polémica suscitada por algunos indultos, como el del kamikaze de la Comunidad Valenciana, no puede poner en entredicho esta medida ni servir de "excusa" para acusar al Ejecutivo de "arbitrariedad". Tras recordar que el Gobierno solo concede el 6 ó el 7 por ciento de las peticiones que recibe, la diputada ha dejado claro que el Ejecutivo ha manifestado su voluntad de aplicar la ley "con el mejor ánimo posible y buscando la equidad".
Su grupo, ha añadido, es consciente de que la ley es susceptible de adaptarse al actual ordenamiento, pero "no es opaca ni arbitraria ni injusta". Desde el PSOE, Julio Villarrubia ha apoyado una reforma para trasmitir a la sociedad la imagen de que los políticos quieren acabar con la corrupción.
Villarrubia ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de tomar decisiones que "están favoreciendo" a los delincuentes económicos, como la amnistía fiscal y de no adoptar medidas que permitan intensificar la lucha contra la corrupción. Tanto Rosa Díez, de UPyD, como Montserrat Surroca (CiU), Emilio Olabarria (PNV), Joan Baldoví (Compromís), Joan Tardá (ERC) y Olaia Fernández (BNG) han apoyado la propuesta de la Izquierda Plural.
