La juez de Instrucción número 2 de Melilla, Carmen María Perles, cuestiona la decisión del Gobierno de enviar a la Península a 80 migrantes justo después del motín que se produjo en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma donde 21 agentes resultaron heridos. Según el auto por el que envía a prisión a 33 detenidos, la magistrada aprecia en el traslado una respuesta a los disturbios y dice que así “es lógico pensar que continúen con actuaciones similares”.
La Delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, aseveró tras el suceso que la salida de 80 migrantes acogidos en Melilla no tiene relación con el intento de motín en el CETI, sino que estaba programada desde hacía más de una semana. Matizó que no iba a haber ningún traslado a la península de residentes del CETI: “Son personas vulnerables o sujetas a protección internacional”.
Sin embargo la juez defiende que, “con esta revuelta”, los amotinados “han conseguido que se alivie la presión migratoria que pesa sobre esta ciudad con el traslado de 80 inmigrantes en las próximas horas la Península”. Y vaticina que habrá más motines para conseguir su objetivo de cruzar el mar Mediterráneo: “No puede descartarse la posibilidad de una reiteración delictiva”.
Hasta 13 años de cárcel
La juez calcula hasta 13 años de cárcel para los detenidos. Este es uno de los argumentos del auto al que ha tenido acceso Vozpópuli para justificar la decisión de enviar a prisión a los 33 arrestados por riesgo de fuga. Les acusa de atentado contra la autoridad agravado con instrumento peligroso, desórdenes públicos, lesiones y daños graves.
Los hechos ocurrieron el pasado 26 de agosto y los detenidos son todos magrebíes. Tienen edades comprendidas entre los 18 y los 49 años. Proceden en su mayoría de Túnez, aunque también hay argelinos y egipcios. “Los investigados, en compañía de otras personas no identificadas, iniciaron una revuelta en el interior de las instalaciones del CETI con la finalidad de que los trasladaran a la península”.
“Lo que en un principio comenzó de forma pacífica se tornó en una manifestación violenta en la que se arrojaron a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado múltiples objetos del mobiliario del CETI o arrancados de dicho mobiliario causando importantes daños en las instalaciones y lesiones a los agentes que intervinieron”, añade la juez. En concreto, presentaron heridas once miembros de la Guardia Civil, cuatro de la Policía Nacional, cinco vigilantes del CETI y uno de la Policía Local.
“La posibilidad de huir a Marruecos por la cercanía de su frontera, la gravedad de la pena prevista para estos delitos, que puede alcanzar los 13 años de prisión en algunos casos y la falta de arraigo puede elevar el riesgo de fuga de los investigados”, explica la jueza.
