La posible investigación contra Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo se vive con inquietud en el seno de la Fiscalía. Pese a que el fiscal general se muestra tranquilo y no quiere adelantar acontecimientos de cara a una posible causa en su contra, fuentes internas consideran que, si se le acaba investigando, debería abandonar el cargo.

"No puede seguir ni un día más por la imagen de la institución", rezan algunas voces consultadas por Vozpópuli, ante una eventual citación en el alto tribunal. Los magistrados tienen pendiente responder a la exposición razonada que remitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para investigarle por presunta revelación de secretos.

Se trata de un pronunciamiento que se está ultimando ya en la Sala Segunda del Supremo y que podría propiciar su citación en calidad de investigado. En ese sentido, en la Fiscalía hay cierta tensión a que, llegado ese momento, García Ortiz se resigne a cesar. Al respecto, explican que su continuidad al frente de la institución perjudicaría seriamente la imagen de la misma.

"Higiene democrática"

"Es una cuestión de higiene democrática", rezan. Otras voces, por su parte, temen que su continuidad suponga trabajar con un alto nivel de presión, puesto que la Fiscalía tiene que pronunciarse sobre esta cuestión que le afecta a él directamente. De hecho, su 'número dos', la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, es la encargada de emitir informe en relación a la petición del TSJ de Madrid de investigarle.

Con todo, la última palabra sobre su continuidad la tiene el propio García Ortiz. El artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal determina que el mandato del fiscal general es de cuatro años y que únicamente puede cesar por incompatibilidad, por incapacidad o enfermedad, por un incumplimiento grave de sus funciones, cuando cese el Gobierno que le propuso y, finalmente, a petición propia.

De esta forma, la decisión correspondería al propio García Ortiz quien, por el momento, sostiene que está tranquilo. El fiscal general ya defendió en su momento que, en su condición de máximo responsable de la Fiscalía, fuer la persona que ordenó hacer público el contenido de la conversación entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que le investigaba por dos delitos fiscales.

La Fiscalía, pendiente de García Ortiz

Su reacción se produjo para desmentir informaciones que apuntaban que el Ministerio Público propuso al novio de la presidenta madrileña un pacto de conformidad. En ese sentido, se reclamó al entonces fiscal del caso, Julián Salto, todos los correos intercambiados con el abogado y se redactó en la Fiscalía General del Estado una nota informativa que se hizo pública desde la Fiscalía de Madrid.

La comunicación evidenció que fue la pareja de Ayuso la que propuso el pacto al Ministerio Público tras reconocer un presunto fraude fiscal. Sin embargo, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) denunció los hechos ante el juzgado de Plaza de Castilla al considerar que con este movimiento la Fiscalía había vulnerado gravemente el principio de confidencialidad que rige en estas conversaciones entre abogado y fiscal.

La denuncia terminó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde, en paralelo, González Amador interpuso una querella. El instructor del procedimiento, Francisco Goyena, solicitó a la Fiscalía que identificara el máximo responsable de esta instrucción y citó también a querellados y testigos.

Especialmente relevante fue la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien confirmó en sede judicial que recibió órdenes directas del fiscal general del Estado para difundir la nota informativa. Con este caldo de cultivo, el TSJ de Madrid remitió una exposición razonada al Tribunal Supremo, en la que se pedía que se siguieran las diligencias contra García Ortiz.

A falta de que se pronuncie el alto tribunal, el TSJ determinó que con esta actuación se pudo vulnerar el deber de reserva que debía guardarse. Por ese motivo, y teniendo en cuenta que el propio García Ortiz remitió un escrito al órgano para reconocer su responsabilidad en los hechos, dan traslado de las actuaciones al Supremo.

Una decisión propia

El fiscal general alega que no se cometió ninguna revelación de secretos puesto que se trata de una información que se había publicado previamente en prensa. Además, apeló a la necesidad de defender la imagen de la institución ante las informaciones que apuntaban que la Fiscalía había propuesto un pacto de conformidad a la pareja de Ayuso.

Pese a este alegato, el alto tribunal ultima ya un pronunciamiento que podría dejarle al borde de la imputación y que comprometería en gran medida su futuro. García Ortiz fue nombrado fiscal general en 2022 cuando su jefa y mano derecha, Dolores Delgado, cesó de su cargo. Tras la reelección de Sánchez como presidente del Gobierno, volvió a ser designado como fiscal general, jurando su cargo a comienzos de año.

De esta forma, la posible salida que le reclaman compañeros de la cúpula fiscal en caso de verse implicado formalmente en este procedimiento dependería exclusivamente de él. Al respecto, son muchas las voces dentro de la Fiscalía que verían inasumible que siguiera en el cargo tras una posible imputación siendo además que se trataría una situación que no se ha producido hasta el momento.

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