La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha hallado entre la extensa fonoteca del excomisario José Manuel Villarejo un audio en el que, según sospechan los investigadores, el polémico mando muestra su intención de dar un chivatazo policial al jefe de seguridad de Telefónica, Florencio San Agapito, investigado en el marco de la operación Malaya que desarticuló una trama de corrupción en Marbella.
Florencio San Agapito es un excomisario de Policía que ocupó puestos de responsabilidad en el Ministerio del Interior tanto con el PSOE como con UCD. Dejó el Cuerpo por la empresa privada siguiendo los pasos del empresario César Alierta, primero en Tabacalera (1996-2000) y después en Telefónica, donde ejerció hasta 2016 como jefe de seguridad de la empresa de telefonía. En 2007 fue detenido por su relación con el considerado cabecilla de la trama marbellí, Juan Antonio Roca y acabó condenado.
La conversación hallada ahora por la Policía tuvo lugar el 20 de octubre de 2011. Villarejo hablaba con otro de los principales investigados en la Audiencia Nacional, el también comisario Enrique García Castaño, alias el Gordo. “Dile a Floro, que... que están investigando cuentas en el extranjero”, le dijo Villarejo a García Castaño, quien se interesó por saber quién estaba investigando. “Pues... por lo visto los suizos mandaron de una cuenta antigua vamos entre (ininteligible) hay una de Luxemburgo, otra de Suiza (...) la han mandado aquí a la Comisaría General”, le explicó Villarejo.
Niega haber sido avisado
Este periódico se ha puesto en contacto con Florencio San Agapito, quien niega haber sido avisado por el clan de Villarejo de esa investigación. Admite conocer a García Castaño de cuando ambos estaban en el Cuerpo, pero dice que lleva años sin hablar con él. Añade que la primera vez que vio a Villarejo fue en 2015 y que en el momento en el que se produjo esa conversación entre los comisarios "ya se había resuelto el juicio del caso Malaya. En realidad, el juicio se estaba produciendo en ese momento. Comenzó el 27 de septiembre de 2010 y quedó visto para sentencia el 28 de julio de 2012.
En el audio detectado por la Policía, Villarejo le insistió mucho a su excolaborador García Castaño que no le dijera nada de esto a “al Oli”. Se refería al comisario José Luis Olivera (entonces jefe de la UDEF), un alto mando de su confianza y quien dirigió las pesquisas de la operación Malaya al frente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. “Ni con copas ni sin copas”, le advirtió Villarejo a su interlocutor.
“¿Está la de Luxemburgo?”, preguntó el Gordo. “Luxemburgo y en Suiza, de una cuenta que por lo visto lo estafaron y usurpando una firma, se quedaron tres millones de euros un tío un estafador no sé qué (...) Pero bueno esa relación de... de cuentas estaba y entonces hay por ahí un convenio ahora o una gente no sé quién coño es, que están dando información de cuentas en el extranjero”.
Preguntado a este respecto, García Castaño recuerda aquella conversación con Villarejo, pero afirma que se saltó su petición de no comunicárselo a Olivera. Según dice, no se fiaba de lo que le decía Villarejo y por ese motivo le preguntó tanto a Olivera como al entonces director adjunto operativo, Miguel Ángel Fernández Chico, quien le negó que hubiese ninguna investigación abierta. García Castaño, que ahora está enfrentado con Villarejo, acusa al excomisario de querer utilizarle "para quedar bien" con San Agapito.
"Transmisión de información", según la Policía
Según un informe policial al que ha tenido acceso Vozpópuli, la Unidad de Asuntos Internos interpreta el audio como la “transmisión de información por parte de Villarejo a García Castaño para que advierta a un tercero al que apodan "Floro", respecto de la existencia y alcance de una investigación de la Comisaría General de Policía Judicial”. Se basan en el análisis de la grabación incautada a Villarejo y en las comprobaciones realizadas en torno a la identidad a la que corresponde el apodo de de “Floro”.
El pasado octubre, Asuntos Internos se puso en contacto con la UDEF para interesarse acerca de si esa unidad había investigado en 2011 “aproximadamente” a Florencio San Agapito “o bien una persona apodada Floro relacionada con un delito de Estafa y en el curso de la cual se haya recibido información de las Autoridades Suizas o de Luxemburgo en relación a cuentas vinculadas con la persona citada".
El 7 de octubre la UDEF contestó a este requerimiento de información a través de un escrito firmado por el responsable de la unidad policial, Fernando Moré. Informaba de que, si bien no consta ninguna pesquisa en 2011, sí se investigó al excomisario San Agapito entre el 2005 al 2008 en colaboración con la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) Málaga. Fue en el marco del caso Malaya’.
Operación "Crucero Banús"
En el transcurso de la investigación se detectó una operación inmobiliaria que se denominó "Crucero Banus o Yambali 2000". Consistió en la compra de una parcela, la aprobación por el Ayuntamiento de Marbella de un enorme aumento de edificabilidad, la venta posterior de la misma y reparto de ganancias, que “parte o la totalidad sería ingresada en cuentas en Suiza bajo la titularidad de fundaciones creadas en Liechtenstein.
Según detalló la UDEF, la compra se realizó a nombre de la Sociedad LISPAG AG constituida en el cantón de Lucerna-Suiza. Los investigadores sostiene que era una “mera sociedad de interposición para ocultar a sus verdaderos titulares”. Eran el exteniente de alcalde de Marbella Pedro Román Zurdo, el abogado Juan Germán Hoffmann, el exgerente de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca y Florencio San Agapito. El escrito recuerda que en la documentación incautada en aquella operación, había algún documento que “nombran a Florencio San Agapito como Floro San Agapito”.
Añade la UDEF que el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella recibió en 2007 de parte de las autoridades suizas información bancaria de cuentas a nombre de dos fundaciones constituidas en Liechtenstein (Clivoso Stiftung y Sapinico) en las que figuraba como derechohabiente Florencio San Agapito Ramos. También una cuenta a nombre de la sociedad Lispag Ag en la que también estaba Florencio San Agapito junto a otras tres personas. “Esta sociedad es la que utilizaron para comprar la parcela”, precisa el escrito al que ha tenido acceso este periódico.
Condenado a un año de cárcel
La Audiencia Provincial de Málaga terminó condenando en 2013 a San Agapito a un año de cárcel y una multa de 600.000 euros por un delito de blanqueo de capitales. En cambio, fue absuelto de dos delitos contra la hacienda pública, fraude y malversación de caudales públicos por lo que no llegó a ingresar en prisión y pudo continuar con su trabajo como jefe de seguridad en Telefónica.
Entre los muchos audios que ya han trascendido del archivo particular de Villarejo existe al menos uno en el que Villarejo usa el apodo de “Floro” para referirse a San Agapito. Fue publicado por Moncloa.com y forma parte de los contactos que mantuvo en 2009 el excomisario ahora en prisión preventiva y el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
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A través de su marido, la exdirigente popular, le encargó presuntamente a Villarejo que investigase al hermano del entonces ministro del Interior, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. En concreto, querían indagar en torno a la presunta relación que existía entre el familiar del ministro y la conocida empresa de detectives privados de Barcelona Método 3. El polémico mando propuso hacer un “rastreo” de sus comunicaciones, pero apuntó a que para eso era necesario contar con la colaboración de Telefónica.
Según dijo, si el teléfono era de la compañía Movistar, serían más fácil la ayuda del entorno del presidente de Telefónica porque de San Agapito decía no fiarse. En el trazado de este plan -que no consta que se llevara a cabo- se refiere al entonces jefe de Seguridad de la empresa como Floro: “Yo es que con Floro, con Florencio San Agapito, no tengo malas relaciones pero no me fío de él (...) Eso lo maneja todo él”.
Precisamente uno de los puntos bajo investigación en la Audiencia Nacional es cómo Villarejo y su “clan policial mafioso” -según lo define la Fiscalía- hacían valer sus contactos con excomisarios ubicados al frente de la seguridad de grandes empresas para acceder a datos privados que en condiciones normales requerirían la autorización de un juez.
