La que fuera jefa de prensa de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid durante casi una década, Isabel Gallego, ha confesado al juez que investiga en la Audiencia Nacional el ‘caso Púnica’, Manuel García-Castellón, que el exconsejero Borja Sarasola acordó con el presunto conseguidor de la trama liderada por Francisco Granados, Alejandro de Pedro, abonar de forma irregular los trabajos de posicionamiento y reputación ‘online’ que este informático realizaba para la presidenta Aguirre y su sucesor en el cargo, Ignacio González.
En un escrito dirigido al magistrado, al que ha tenido acceso Vozpópuli, Gallego explica que Sarasola pactó los pagos de los trabajos de posicionamiento contratados a De Pedro “pasaban por adjudicatarias del Canal de Isabel II”, según especifica el escrito con el que la exjefa de prensa de Aguirre confiesa la existencia de esta financiación de carácter irregular.
“Cuando Sarasola es nombrado consejero se aparta de la gestión de los pagos. El contrato de publicidad del Canal, a través del cual se le pagaba, finalizaba, y De Pedro se queda sin vía para cobrar los trabajos que sigue haciendo para Ignacio González”, completa el documento que obra en poder del magistrado García-Castellón.
Y fue entonces cuando el también exconsejero Salvador Victoria, “copia el mismo modelo para pagarle, pero tropieza con problemas de tramitación en el concurso de publicidad del Canal de Isabel II y descarta esa vía”, prosigue Gallego, que completa así la explicación de la actuación de Victoria: “Le dice a Isabel Gallego que mientras lo resuelve para que De Pedro tenga una solución permanente le pague facturas de gastos menores desde su Dirección General”.
“No es un contrato sino el pago de gastos menores, una solución en principio provisional para que éste vaya facturando los trabajos que está llevando a cabo”, se defiende Gallego, que continúa en su escrito: “De Pedro reclama una deuda de 100.000 euros que no genera en absoluto la Dirección General de Medios de Comunicación. Victoria establece otros métodos de pago paralelos a través de Indra mientras busca una solución más permanente para 2014 a través de otros adjudicatarios del Canal”, concluye la imputada.
