La Sala de vistas del Juzgado de Instrucción Número 68 de Madrid ha acogido este viernes el juicio por la demanda que interpuso el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, contra el Partido Socialista por vulnerar el derecho fundamental a la militancia por expulsarle del partido en diciembre de 2022. En la cita de este viernes, el primero en declarar ha sido el exdirigente socialista quien, desde el inicio de su intervención, no ha titubeado en señalar directamente a Pedro Sánchez como el responsable de su salida del partido.
Leguina, quien estuvo a la cabeza de partido socialista en Madrid durante más de una década, dirige su demanda contra el PSOE, Santos Cerdán y la persona encargada del su expediente de suspensión de militancia, Marta Expósito. En su escrito, que ha acabado con el actual secretario de organización del partido y uno de los socialistas más emblemáticos de las últimas décadas enfrentados en un juicio, el expresidente madrileño solicita al partido 18.000 euros, al considerar que la suspensión de su militancia no respondía a cuestiones objetivas.
Así lo ha hecho constar este viernes en Sala, donde ha defendido que la decisión de expulsarle del partido se debió a una elección directa del presidente del Gobierno. Leguina considera que las declaraciones, que el PSOE entendió como un apoyo a Isabel Díaz Ayuso en campaña, eran meras consideraciones discrepantes con el partido, una práctica que relaciona con su derecho a la libertad de expresión y que, considera, que con la actual dirección del partido se ha visto mermado.
"El Partido Socialista en manos de Pedro Sánchez se han desbaratado los derechos de la militancia... el Partido Socialista se ha convertido en un partido donde no se puede discutir", ha manifestado Leguina. A su juicio, la llegada del actual secretario general del PSOE ha favorecido una especie de ambiente de silencio, donde cualquier discrepancia con la dirección del partido ya no tiene cabida. Según ha narrado, Leguina ha explicado que durante sus más de 40 años de militancia, siempre ha manifestado sus discrepancias con la Dirección General: "Basta con ver los periódicos no siempre he estado de acuerdo con la dirección y lo he expresado sin problema".
Al igual que se manifestó en la demanda presentada contra el PSOE, el abogado de Leguina ha defendido en sus alegaciones finales que el plazo máximo para resolver los expedientes administrativos debe ser de tres meses, mientras que Leguina permanece a la espera de que se resuelva su expediente de sanción más de dos años después. El letrado ha denunciado que este estado de suspensión, además de superar el plazo máximo recogido para una sanción grave, obliga a su representando a permanecer "en una especie de limbo" en el que sigue dentro del partido, pero no puede ejercer ninguna actividad como, por ejemplo, ostentar un cargo público. Esta situación, a juicio de su abogado, le ha provocado un considerable malestar y un descredito a su imagen pública, lo que se traduce en daños morales que justificarían el pago de una indemnización.
Sántos Cerdán defiende la suspensión
Por su parte, tanto la técnico encargada de tramitar el expediente del expresidente de la Comunidad de Madrid, Marta Expósito, y el secretario general del PSOE, Sántos Cerdán, a preguntas de la jueza y de las partes, han respondido que "no existen plazos estipulados" para tramitar el expediente, pero sí para la prescripción de hechos. En este sentido, ha señalado que el expediente de Leguina no tenía ninguna complejidad ya que sus manifestaciones fueron "claras y contundentes" y que, además, "pidió el voto para la señora Ayuso, lo que supone "una falta grave o muy grave" por la que el plazo de suspensión puede ser más de 18 meses o, incluso, provocar la expulsión.
Asimismo, el secretario de organización del PSOE ha manifestado que el retraso en la tramitación del expediente se debe a varios motivos, uno de ellos, nace con el primer expediente sancionador -el cual se abrió conjuntamente contra Joaquín Leguina y Nicolás Redondo-. De esta forma, y tras las disculpas públicas emitidas por Redondo, la naturaleza del expediente cambia y sólo se sigue adelante contra el expresidente madrileño.
Además, en un primer momento, fue elegido un instructor, cuya designación fue recurrida por el demandante, esto provocó que entrara en escena la dirigente socialista, Marta Expósito. Actualmente, la instructora permanece de baja por maternidad, lo que, a juicio de la parte demandante, tendría que haber motivado a la designación de un nuevo instructor para dar impulso a su tramitación.
Sobre el retraso en la tramitación del expediente, Leguina ha criticado a su salida de los juzgados que la defensa y el propio Santos Cerdán hayan atribuido esta circunstancia a la carga de trabajo del partido. "Mienten como bellacos y claro, es que realmente no se explica por qué te tienen colgado de una cuerda años y años, y ahora vienen a decir que tiene mucho trabajo", ha añadido.
Por último, el Ministerio Fiscal ha pedido en el turno de alegaciones la inadmisión de la demanda al entender que no se ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión de Leguina, ya que pudo manifestar su opinión públicamente. Respecto al prodecimiento que se siguió para tramitar el expediente dentro del PSOE, la fiscal ha considerado que "se ha respetado el principio de contradicción".
